San José, 30 mar (elmundo.cr) – La Sala Constitucional solicitó a la Defensoría de los Habitantes criterio técnico sobre la política restrictiva a internet móvil postpago aprobada por la Sutel y que está siendo utilizada por las operadoras de telecomunicaciones –Claro, Kolbi y Movistar- para disminuir la velocidad del servicio una vez que la persona usuaria consuma la capacidad de descarga del plan contratado.
La Defensoría fortaleció los criterios de las personas recurrentes en los tres recursos de amparo en aras de que se logre la suspensión definitiva de esta política. Entre los argumentos que amplió y cuestionó ante el Tribunal Constitucional está la supuesta “temporalidad” de esta decisión por parte de la Sutel, pues tres años después de autorizada no hay información que permita conocer que los operadores hayan hecho todo a su alcance como empresas para atender el congestionamiento de las redes, lo que implica que esta medida en lugar de ser temporal tiende a convertirse en una estrategia permanente sin fundamento.
El ente defensor también mostró el apoyo al criterio de los recurrentes en el sentido que el acceso a internet ha sido declarado como un derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por lo tanto, se entiende que el acceso a internet debe ser garantizado y protegido. Ello también se amplía en diferentes resoluciones de Naciones Unidas.
La Defensoría considera que la insistencia de la SUTEL (página 9 del oficio N°00589-SUTEL-UJ-2017 del 20 de enero de 2017) en reducir la naturaleza jurídica del acceso a internet a un “servicio de telecomunicaciones disponible al público” por haber sido así declarado en la Ley General de Telecomunicaciones, carece de interés y efecto jurídico.
Otro punto importante abordado se refiere a que mientras el 89% del acceso a internet en el país se hace a través de telefonía móvil, el país no ha sido capaz de aumentar el acceso a internet fijo. Por ejemplo en diciembre de 2016, SUTEL consulta a diferentes operadores de telecomunicaciones sobre la factibilidad de brindar el servicio de internet fijo en la comunidad de Peje Viejo de Florencia de San Carlos.
De siete operadores consultados, solamente un empresa estaría dispuesta a dar servicio de internet fijo a la comunidad en cuestión y otra empresa, paradójicamente, manifestó que lo que ofrece en la zona es cobertura móvil con tecnología 3G (empresa que ya está aplicando la Política de “Uso Justo” a sus clientes cuando “abusen” del consumo de internet móvil). Ciertamente, podría resultar que la única forma de acceso a internet para las familias de esa comunidad termine siendo internet móvil, para luego ver limitado su acceso por la llamada Política de “Uso Justo”.
Consecuentemente, el caso de la comunidad de Peje Viejo de Florencia de San Carlos demuestra cómo la propia institucionalidad y las actuales condiciones de los distintos segmentos de la industria de telecomunicaciones, no están generando suficientes opciones de acceso a internet para satisfacer adecuadamente las necesidades de las y los habitantes, para ofrecerle como opción el acceso a internet móvil.
La Defensoría de los Habitantes también solicitó el criterio a la Academia Nacional de Ciencias sobre la política restrictiva de internet móvil postpago para tener otras perspectivas técnicas a raíz de que la Sutel nunca puso en conocimiento de la ciudadanía ni de sectores interesados esta decisión a pesar del interés público de la misma.
La Defensoría consultó a la Academia sobre el límite de reducción de la velocidad a los clientes del servicio, y en ese sentido, manifestó que la política trae consigo una disparidad para los usuarios de internet móvil que pagan un plan de un máximo de 20 Gbps por mes y quienes pagan por 1 Gbps mensual, ya que a ambos al alcanzar su tope se les baja automáticamente la velocidad a 128 Kbps.
“El imponer un piso de 128 kbps al llegar al máximo de datos consumibles en el mes para todos los planes no impone una velocidad más lenta de navegación, es sin lugar a dudas, el equivalente a la desconexión del usuario”, indica la Academia Nacional de Ciencias a la Defensoría.
Sostiene la Academia que la iniciativa actual de bajar todos los planes a 128 Kbps es desproporcionada, pues ésta es una conexión inaceptable por su lentitud. Es además un esquema anacrónico y en contraposición a las nuevas tecnologías que apuntan a un ancho de banda mucho mayor.
Para poner en contexto, indica la Academia, se realizó el ejercicio de analizar páginas de algunos medios nacionales, que poseen requerimientos mínimos para su utilización y buen funcionamiento que no se ajustan a la propuesta de Sutel, con la velocidad de 128 kbps, tardando entre 4.7 minutos y 2.4 minutos, lo que implica que si se suma la lentitud de las conexiones afectaría negativamente la experiencia del usuario local y se convertiría en un desincentivo para el uso de Internet y del desarrollo del país.
Pedro León Azofeifa, presidente de la Academia Nacional de Ciencias señaló que “no podemos dejar de lado el tema de la saturación al que se hace mención en varias ocasiones dentro de la política, pues países con poblaciones mucho mayores a las nuestra y con la misma infraestructura de 4G, cuentan con velocidades mucho mayores –en mucho casos 10 veces mayor- sin problemas de saturación y sin necesidad de restringir al usuario con velocidades de 128 kbps. Esta política aprobada por la Sutel no se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, en el que se hace referencia a la necesidad de proveer conexiones de banda ancha a los usuarios en lugar de poner en práctica políticas que obstruyan el desarrollo tecnológico del país”.
La Academia le hizo ver a la Defensoría que otro de los factores contradictorios es que según esta política se busca mejorar las velocidades que experimentamos los usuarios del servicio de internet móvil, pero al mismo tiempo indica que los operadores no disponen de la capacidad suficiente en sus redes para brindar de forma efectiva la totalidad de las velocidades que ellos mismos ofrecen comercialmente. Adicionalmente sostiene que no se asumen mecanismos ni proyectos reales para mejorar la infraestructura, sólo se refiere a cambios en el corto y largo plazo sin fechas definidas ni compromisos por parte de los operadores.
“La política desincentiva el uso de la Internet, pues las pésimas conexiones van a ir en detrimento de la experiencia del usuario. Esto no se ajusta a las necesidades tecnológicas actuales, afectando la competitividad del país, su desarrollo, la educación y el comercio, entre otros”, sostiene la Academia Nacional de Ciencias a la Defensoría.
