San José, 03 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes reveló que existen acciones pendientes en la implementación del Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV) 2023-2033, debido a limitaciones presupuestarias, de personal y de coordinación interinstitucional.
El anuncio se hizo tras evaluar el avance del plan durante el primer semestre de 2025.
La Defensoría había señalado previamente la ausencia de acuerdos formales de compromiso por parte de jerarcas institucionales, deficiencias técnicas en la formulación de metas e indicadores, rezagos en la entrega de información, falta de claridad en responsables de seguimiento y la inexistencia de lineamientos metodológicos oficiales para los informes.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó a CONAPAM mejoras para el segundo semestre de 2025, incluyendo la firma de acuerdos de compromiso con instituciones clave.
CONAPAM informó que gestionó acuerdos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), aunque algunos aún están pendientes de confirmación formal.
En cuanto a la revisión y reformulación de metas e indicadores, se recibieron aportes de instituciones responsables, pero el proceso se ha visto afectado por la falta de recurso humano y cambios en la Junta Rectora, lo que generó retrasos en la adopción de acuerdos estratégicos.
La implementación del sistema de seguimiento y plataforma digital también enfrenta desafíos. CONAPAM aún no cuenta con un sistema informático habilitado para la gestión automatizada del seguimiento, debido a limitaciones de recursos humanos y financieros. Además, el lineamiento metodológico de informes de seguimiento no fue oficializado en diciembre.
CONAPAM indicó que el plan de trabajo para 2026 se formulará y enviará a la Defensoría una vez que se restablezcan las condiciones técnicas mínimas necesarias para asegurar su consistencia y ejecución adecuada.
La Defensoría enfatizó la importancia de la fiscalización y el seguimiento de la política, junto con la rendición de cuentas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y promover mejoras continuas, garantizando un envejecimiento saludable, digno, autónomo e independiente, en igualdad, equidad y sin discriminación.
