San José, 13 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes advierte sobre la “marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo” en el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas, pilares de la gestión operativa del sistema educativo.
El análisis de la Defensoría revela que esta situación pone en riesgo la equidad en el acceso a la educación.
Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, un aumento insuficiente frente a la inflación acumulada y el incremento en la matrícula escolar. Esto ha provocado un deterioro en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.
En 2024, un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Esta desigualdad territorial se traduce en oportunidades desiguales para los estudiantes, dependiendo de su lugar de origen y condición socioeconómica.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, el fondo se redujo en un 56,9%, limitando la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a ₡41.321 en 2024, “evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo”.
La Defensoría también señala una brecha en la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), que solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial, lo que representa una violación del derecho a la alimentación y a la igualdad de oportunidades educativas.
Además, la Defensoría advierte sobre la insuficiencia en infraestructura educativa, con recortes en recursos destinados a este rubro entre 2019 y 2022. A esto se suman los recortes en arte, cultura y deporte, que reflejan un retroceso en la educación integral.
El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria ha trasladado una carga desproporcionada a las comunidades educativas. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, reflejando el esfuerzo de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales, lo que vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública.
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas.
