San José, 27 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha expresado su preocupación por la falta de evaluación y los ajustes presupuestarios en el programa Avancemos, una transferencia monetaria condicionada destinada a fomentar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo y prevenir el trabajo infantil.
La Defensoría señala que el programa carece de indicadores adecuados para medir sus resultados, lo que dificulta evaluar su impacto real. El informe “Informe Final de Evaluación de Diseño y Proceso del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos” del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) reconoce esta limitación, impidiendo una medición efectiva de los efectos del programa.
Además, la Defensoría destaca que el monto de la transferencia monetaria se mantiene igual desde 2019, sin considerar la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares ni las variaciones en la situación económica de los estudiantes. Actualmente, no existe una metodología que contemple las diferencias de precios regionalizados, lo que impide ajustar el subsidio a las necesidades específicas de cada región.
El informe revela que el presupuesto de Avancemos ha experimentado variaciones significativas, lo que ha limitado el número de beneficiarios y el apoyo brindado.
Las transferencias del MEP tuvieron una reducción de ₡21.100 millones (21%) en 2022, de ₡8.723 millones (11%) en 2023 y de ₡7.992 millones (11%) en 2024. El número de beneficiarios también ha fluctuado, con una disminución significativa en 2023.
La Defensoría reconoce la importancia de Avancemos para reducir las barreras económicas en el acceso a la educación, pero enfatiza la necesidad de revisar y ajustar el diseño del programa y su asignación presupuestaria. Se considera crucial adaptar los recursos a las particularidades regionales y a la evolución socioeconómica, garantizando un uso eficiente de los fondos y un respaldo adecuado para los beneficiarios.
Esto es esencial para evitar que las restricciones financieras impongan barreras adicionales a los estudiantes más vulnerables, perpetuando las desigualdades educativas y sociales.
