San José, 27 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha expresado su preocupación por la demora en la habilitación de módulos para mujeres en centros penales provinciales, tras una inspección realizada esta semana al Centro de Atención Institucional 26 de Julio, ubicado en Puntarenas.
La Defensoría constató que, a pesar de contar con un módulo con capacidad para 32 personas, este aún no ha sido puesto en funcionamiento.
La situación es particularmente relevante si se considera la sobrepoblación en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, que, con una capacidad para 697 personas, al 12 de marzo de 2026 albergaba a 920 mujeres privadas de libertad.
La habilitación del módulo en Puntarenas, según la Defensoría, “iría dirigido a la necesidad país de avanzar hacia la regionalización del sistema penitenciario femenino, de modo que las mujeres privadas de libertad puedan cumplir su pena en espacios más cercanos a sus comunidades de origen”.
En 2022, la Defensoría valoró positivamente el anuncio del proyecto de “Regionalización de la Mujer” del Ministerio de Justicia, que incluía la apertura del módulo en el CAI 26 de Julio. Sin embargo, cuatro años después, el proyecto aún no se ha concretado.
Ante esta situación, la Defensoría ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que informe sobre la fecha prevista para la apertura del módulo en Puntarenas, así como detalles sobre el presupuesto asignado, incluyendo el personal penitenciario, profesional, técnico y administrativo necesario.
Además, la Defensoría busca conocer el perfil de las mujeres que serían trasladadas al módulo, incluyendo su situación jurídica, tipo de condena, naturaleza de los delitos cometidos, nivel de riesgo y necesidades específicas de atención.
