San José, 19 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes concluyó una investigación de oficio que evidencia una crisis estructural en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), situación que provoca una mora significativa en la resolución de trámites migratorios y afecta directamente los derechos de las personas migrantes en Costa Rica.
La investigación identificó problemas relacionados con insuficiencia de recurso humano, limitaciones presupuestarias, deficiencias en los sistemas de información y un aumento sostenido de las solicitudes de regularización migratoria.
La Defensoría advierte que, aunque la DGME ha impulsado algunas acciones de mejora, la capacidad operativa actual resulta insuficiente para atender el volumen de expedientes pendientes y la creciente demanda.
Miles de trámites pendientes
El departamento de Gestión de Extranjería se encarga de la recepción y resolución de diversas solicitudes que recibe la DGME mediante las unidades de Plataforma de Servicios, Archivo, Documentación y Valoración Técnica.
En Plataforma de Servicios se reciben aproximadamente 650 solicitudes nuevas por mes y 1.300 consultas sobre trámites.
La situación también se refleja en la Unidad de Archivo. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 11.507 expedientes ingresados para notificación, 9.026 solicitudes de previos ingresados y 102.434 trámites administrativos ingresados para resolver.
Uno de los puntos señalados por la Defensoría es la plataforma “Trámite Ya”, que actualmente presenta un retraso de un año en la atención y resolución de las solicitudes que ingresan por esa vía.
La plataforma está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y registra entre 400 y 500 solicitudes mensuales.
7.000 DIMEX pendientes de impresión
La investigación también dio seguimiento al proceso para la obtención de documentos de identidad migratoria, conocido como DIMEX, así como a otros trámites de atención presencial dirigidos a grupos prioritarios.
Entre estos grupos se encuentran personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad, personas privadas de libertad y víctimas de trata de personas.
La Defensoría destaca la importancia del documento de identidad migratoria, debido a que representa el último eslabón para garantizar la integración efectiva de las personas migrantes a la sociedad costarricense.
“Un atraso, no solo impide esa integración, sino que, además, limita el acceso a otros derechos fundamentales”, señala la investigación.
Entre esos derechos se encuentran el aseguramiento, la salud, la educación y el trabajo, además de trámites ante entidades bancarias, municipalidades y otras instituciones.
En cuanto a la producción e impresión de los DIMEX, la investigación determinó que existen 7.000 documentos pendientes de impresión.
La Defensoría señala que actualmente una sola persona se encarga de la impresión, distribución, entrega y gestión de envíos de documentos de identificación migratoria a las oficinas regionales.
Funcionarios acumulan hasta 1.500 casos pendientes
La Unidad de Valoración Técnica constituye la fase resolutiva del procedimiento y enfrenta una alta presión operativa debido al incremento sostenido en la demanda de regularización migratoria.
Según la investigación, actualmente cerca de 25 personas funcionarias tienen una carga aproximada de 1.500 casos pendientes cada una.
Para la Defensoría, esta situación evidencia “una sobrecarga estructural incompatible con una atención oportuna”.
El problema no se limita a una sola unidad. La investigación identifica una combinación de factores que contribuyen a la acumulación de expedientes y al retraso en la atención de las personas usuarias.
Entre ellos se encuentran la insuficiencia de recurso humano, las limitaciones presupuestarias, las deficiencias en los sistemas de información y el aumento sostenido de las solicitudes de regularización migratoria.
Restricciones presupuestarias agravan la situación
La Defensoría también señala que las restricciones presupuestarias dificultan la contratación de más personal, el pago de jornadas extraordinarias y la modernización tecnológica.
Estos elementos, según el informe, son indispensables para reducir la mora existente y atender de manera adecuada el volumen de solicitudes.
Ante este escenario, la Defensoría emitió 10 recomendaciones dirigidas a atender tanto los casos acumulados como las causas estructurales del problema.
Entre las recomendaciones destaca definir una programación de acciones para atender los problemas de dilación que enfrenta Gestión de Extranjería y generar un plan de acción para los casos más urgentes y para la implementación de medidas estructurales.
Maratones de trabajo y más personal resolutor
La Defensoría también recomendó valorar la programación de “maratones” con pago extraordinario durante el segundo semestre de 2026, como una medida para reducir la cantidad de expedientes pendientes.
Además, planteó que el personal de las oficinas regionales que tenga perfil profesional y especialidad de “abogado” pueda resolver el mismo tipo de casos que actualmente atienden los profesionales de las oficinas centrales.
La intención es aprovechar la capacidad existente y distribuir de mejor manera la carga de trabajo entre las distintas dependencias.
Otra de las recomendaciones consiste en cumplir con el cronograma establecido en el Plan de Mejora Regulatoria, particularmente en lo relacionado con las guías de trámites destinadas a facilitar y detallar los requisitos que deben presentar las personas solicitantes ante la DGME.
Defensoría pide fortalecer atención de quejas
La institución también recomendó fortalecer la Contraloría de Servicios institucional, con el objetivo de que pueda cumplir de manera eficaz su función de atender las quejas y denuncias de las personas usuarias.
La Defensoría considera que esta instancia debe contar con las condiciones necesarias para responder adecuadamente a las personas afectadas por los retrasos y problemas en la atención.
El informe concluye que la problemática identificada no responde a un único factor, sino a una combinación de limitaciones que han reducido la capacidad de respuesta de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Mientras la demanda de trámites continúa creciendo, miles de expedientes permanecen pendientes y las personas migrantes enfrentan retrasos que pueden tener consecuencias directas sobre su acceso a documentación y otros derechos fundamentales.
La Defensoría sostiene que la capacidad operativa actual de Migración es insuficiente y plantea medidas extraordinarias y estructurales para enfrentar una mora que, en algunos servicios, alcanza hasta un año.
