San José, 30 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió que entre el 53% y el 58% del agua potable producida en la Gran Área Metropolitana (GAM) no fue facturada entre 2019 y 2023, una situación que considera un desafío estructural para la sostenibilidad financiera del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y para la prestación del servicio.
La conclusión forma parte de una investigación sobre la gestión del portafolio de inversiones del AyA y su relación con el cumplimiento progresivo del derecho humano al agua potable y al saneamiento.
El estudio analizó la evolución de las tarifas de agua potable y saneamiento, el comportamiento del indicador de Agua No Contabilizada (ANC) y el marco regulatorio aplicado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El ANC corresponde al volumen de agua que, aunque es captada, tratada y distribuida, no genera ingresos para el operador debido a fugas, pérdidas en la red, errores de medición, conexiones irregulares u otros factores operativos.
Más de la mitad del agua no genera ingresos
La investigación determinó que los niveles de Agua No Contabilizada se mantuvieron persistentemente elevados durante todo el período analizado.
Mientras en 2019 el ANC representó el 53%, en 2022 alcanzó el 58%, y en 2023 cerró en 56%.
En términos prácticos, esto significa que entre 53 y 58 de cada 100 litros de agua producidos en la GAM no fueron cobrados a los usuarios, pese a que requieren inversiones en captación, tratamiento, bombeo, distribución y mantenimiento.
Según la Defensoría, esta situación limita la eficiencia operativa del AyA y afecta la sostenibilidad financiera del servicio.
Rezago en inversiones y tarifas
La investigación también detectó atrasos en el reconocimiento tarifario de las inversiones en infraestructura.
De acuerdo con el informe, desde 2019 no se incorporan inversiones por proyectos en la tarifa de agua potable, mientras que en el servicio de saneamiento esa situación se mantiene desde 2018.
Además, la documentación revisada señala que, para 2023, la falta de ajustes tarifarios graduales podría provocar incrementos de hasta un 182%, como consecuencia del rezago acumulado en el reconocimiento de costos e inversiones.
Recomendaciones
Ante estos hallazgos, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la Presidencia de la República, al AyA y al Ministerio de Hacienda.
Entre ellas figura la apertura de una investigación para determinar las causas de los atrasos en proyectos de inversión, las diferencias en los costos de las obras, las inconsistencias detectadas en su ejecución y los efectos que la falta de capitalización de inversiones ha tenido sobre la situación financiera del AyA.
Asimismo, solicitó revisar las razones del retraso en la ejecución del Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada y evaluar su impacto sobre las tarifas, la calidad del servicio y el cumplimiento de las metas nacionales.
Finalmente, recomendó al Ministerio de Hacienda actualizar la evaluación de la capacidad de pago futura del AyA, ya que el último estudio identificado fue elaborado en 2019.
