San José, 02 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes interpuso una acción judicial ante el Juzgado de Familia para solicitar medidas de protección cautelar a favor de un niño con discapacidad que sufrió agresión física en una escuela pública.
La solicitud se ampara en el artículo 34 del Código Procesal de Familia, que faculta a la Defensoría a interponer este tipo de proceso para proteger a personas en estado de vulnerabilidad.
La madre del menor había acudido previamente a diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública (MEP) sin obtener una respuesta satisfactoria.
“Pese a que la madre de la persona menor de edad recurrió a diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, no recibió respuesta satisfactoria”, confirmó la Defensoría en un comunicado. Tras una investigación, la Defensoría constató “una serie de yerros en el procedimiento administrativo” del MEP y emitió recomendaciones.
Ante la persistencia de la situación, la Defensoría decidió interponer el proceso cautelar para resguardar la integridad del niño, ya que el docente seguía impartiendo lecciones en la misma escuela.
“Esta Defensoría solicitó al Juzgado adoptar urgentes medidas provisionales que aseguren el derecho a la integridad física, psicológica y emocional de la persona menor de edad, así como el derecho a una educación inclusiva en un espacio seguro”, indica el comunicado.
El Juzgado acogió varias medidas cautelares, incluyendo la asignación de un nuevo docente al niño para garantizar la continuidad de sus estudios. “Ordenar a la Directora del centro educativo asignar a otra persona docente a efecto de que no se vean suspendidos los apoyos educativos”, especifica la resolución. Además, se prohibió al docente agresor acercarse o perturbar al niño en el centro educativo y se ordenó a la directora coordinar acompañamiento profesional para el menor.
