San José, 15 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señaló que en aras de optimizar los recursos en medio de una crisis fiscal país, optó por reducir costos, inclusive en los presupuestos de los últimos dos años se han devuelto a la hacienda pública alrededor de 500 millones de colones por año.
Esto ha implicado hacer uso de figuras legales, como el recargo, para cumplir con las responsabilidades y compromisos institucionales, aseguran.
La Defensoría manifestó que le preocupa que “el periódico La Nación, nuevamente publique información falsa, haciendo eco de posiciones tergiversadas y malintencionadas que cuestionan el uso de la figura legal del recargo, como si fuera un delito”.
“Hernán Rojas Angulo, jefe de Servicio Civil en el Gobierno del Partido Acción Ciudadana y actual jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes denuncia el uso de la figura del “Recargo” en el ámbito de la institución, y omite indicar que el recargo es una figura jurídica, normada legalmente, y que ha sido históricamente utilizado por los distintos defensores, además de ser una figura que se utiliza en todo el sector público”, critican.
Por otro lado, agregan que “tampoco menciona que las personas que han asumido el recargo son tomadas de una lista brindada y validada por la misma dirección que él dirige. Por lo que la denuncia que hoy se propagada pretende hacer parecer como ilegal, el uso de una figura legal contenida en la normativa que rige al sector público costarricense”.
“Preocupa aún más, que esta información falsa, publicada por el periódico La Nación, en medio de una elección para defensor de los Habitantes, sea utilizada para fines políticos que perjudiquen la objetividad del proceso”, aseveran.
Para la Defensoría “este tipo de prácticas desleales conocidas como “lawfare”, tienen como objetivo utilizar la actividad judicial y periodística como una forma de degradación pública, por medio de denuncias falsas y espurias, que aún y cuando se sabe previamente que terminarán siendo archivadas, su uso, en un momento específico determinado, genera efectos políticos como si la denuncia hubiera sido verdadera”.
“El uso de la denuncia figurativa, calumniosa e injuriosa no debe tener cabida en nuestro país y no puede constituir una herramienta que denigre nuestras mejores tradiciones. Como prueba de transparencia y responsabilidad, ante una denuncia en mi contra recibida en mi despacho remití, yo misma, esa denuncia ante la Asamblea Legislativa. Y la acompañé de la normativa que la descalifica, para que un tercero imparcial, y no yo, sea quien valore su archivo e improcedencia jurídica”, argumentaron.
Por su parte, la defensora Catalina Crespo, comentó que “como Defensora de los Habitantes espero que el proceso para nombrar a un nuevo Defensor sea de la forma más objetiva posible, y no mediante el uso de mecanismos propios de la guerra sucia a nivel político”.
“La Defensoría no es y no debe ser un ente político-electoral. Al contrario, todas y todos estamos llamados a preservar su naturaleza imparcial de servicio público en pro de las y los Habitantes”, concluyó.
