San José, 15 mar (elmundo.cr)-El diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, aseguró que “Catalina Crespo evita dar la cara a quienes le hacen preguntas, pero busca a quienes alimenten sus teorías falsas sobre el proyecto VIH-CR. Posiblemente rehuye la confrontación porque sabe que ha justificado sus acciones con falsedades”.
Para Sánchez “fue una triste imagen la del pasado 10 de marzo, cuando la actual defensora de los Habitantes decidió salir por la puerta de atrás, para no dialogar con organizaciones que se manifestaban pacíficamente, y pedían explicaciones sobre sus decisiones”.
Según señaló el legislador “Crespo mintió al inflar los montos estimados de gasto en el Proyecto, al incluir TODO lo destinado a población con VIH en 2019, que son 31 millones. Sin embargo, la estimación de gastos específicamente para el Proyecto VIH-CR, fue solo 12 millones”.
De igual forma el legislador resaltó que “esos 12 millones corresponden a gastos que la institución hará esté o no dentro del Proyecto, porque, como Crespo ha aceptado, no ponía fondos, sino recursos ya existentes. Aún así, dijo en varias ocasiones que esos gastos eran la razón para rescindir el convenio:¿Por qué si dijo que las razones eran presupuestarias presumió en la Comisión de Hacendarios por haber recortado más de lo solicitado por Hacienda? ¿Por qué se sale de un convenio que permitiría hacer más por la población vulnerable con los mismos recursos?”.
Asimismo añadió que “posteriormente, Crespo dejó los argumentos presupuestarios, para pasar a otros jurídicos. Argumentó que en el Proyecto VIH-CR la Defensoría es “juez y parte” y hacía funciones de “administración activa”. Esta es una interpretación completamente estrecha de sus funciones”.
“Con esa interpretación, desconoce el mandato legal de realizar promoción y divulgación de Derechos Humanos, del artículo 1 de su Ley y renuncia tácitamente a ejecutar estas labores. Ese texto es claro: promover y divulgar DDHH es parte de las funciones de la Defensoría”, aseveró.
Aunado a ello, Sánchez hizo hincapié en que “la defensora quiere desconocer los Principios de París, que el país ratificó, que indican las funciones que deben asumir instituciones como la DHR y omitió en el análisis jurídico con que respondió a nuestra nota”.
Estos principios indican como atribuciones de la Defensoría:
f) Colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su ampliación en el ámbito, escolar, universitario y profesional;
Los Principios de París también indican que en el marco de sus actividades, la institución nacional de Derechos Humanos deberá:
7. Establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, incapacitados físicos y mentales) o de otras esferas especializadas, habida cuenta de importancia fundamental de la labor de esas organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales.
“¿Renuncia entonces Catalina Crespo a ejecutar esos mandatos, bajo la argumentación de ser “juez y parte”? ¿Rescindirá todos los convenios con instituciones que tiene la Defensoría usando las mismas razones?”, cuestionó.
“Estos son solo algunos argumentos que ha usado la actual Defensora, sobre los que podremos ampliar si algún día comparece en la Comisión de Derechos Humanos y no rehuye la rendición de cuentas que le corresponde como funcionaria pública”, concluyó el legislador.
