San José, 30 nov (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, fue enfática en señalar que tanto el presidente de la República, Carlos Alvarado, como el ministro de Salud, Daniel Salas, deben rendir cuentas sobre el tratamiento de los datos personales a través del del Código QR.
En un oficio enviado por la defensora al mandatario y al ministro, aclara que si bien es respetuosa de lo que se conoce en los Tribunales de Justicia, surgen inquietudes paralelas que mantienen un interés en relación con la privacidad, entendida como la intimidad en el uso de la información gestionada por medios electrónicos; y que por su contenido, alcances y utilización, se entrelazan con los derechos inherentes de la personalidad humana.
La Defensoría pidió a ambos jerarcas aclarar una serie de cuestionamientos sobre el tratamiento de datos personales, relacionados con si las autoridades revisaron y analizaron la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales (deber de confidencialidad), y cómo se garantizaría que al momento de corroborarse la información en los lectores habilitados en los establecimientos comerciales, no se produzcan registros paralelos de datos, de los lugares que visita la persona y el horario, en tanto este debe registrar su código QR, sin conocer posteriormente que sucede con ese registro.
Para la Defensoría es importante que se aclare si se efectuará un registro cruzado de las personas que acompañan o que se encuentran dentro del sitio de visita.
Además, si se llevarán controles de las zonas geográficas donde se desplaza la persona que utiliza el código para el ingreso a distintos recintos, así como la habitualidad de la acción.
“¿Se estudiarán los gustos, preferencias y actividades, en los que la persona, según la geolocalización registrada, invierte o emplea su tiempo; que garantías existe de esto?”, consultó la Defensoría en el oficio dirigido a ambos funcionarios.
Por otra parte, este ente defensor pidió información sobre quién maneja la información, como se financia, qué tipo de convenios existen y mediante cuál método se registrará.
“¿Qué entidad o empresa se encargará de salvaguardar todos los datos que se obtendrán con el Código QR? ¿Quién proporciona la aplicación de Código QR?”, consultó la Defensoría.
En cuanto a los lectores QR, la Defensoría solicitó se informe quién administrará los dispositivos de lectura, si la información irá o no a una solo o a varias bases de datos públicas o privadas, además, quién tendría acceso a la información y para qué fines.
De igual forma, considera esta Defensoría que es necesario que las autoridades aclaren las semejanzas y diferencias, con respecto a la experiencia alcanzada con el manejo de la información confidencial que se desarrolló dentro del Bono Proteger.
También, se pidió información sobre cuánto tiempo se mantendrán custodiados los datos personales y confidenciales de cada habitante costarricense o extranjero, siendo vital, la protección y tratamiento sensible de la información.
“Se destruye la información una vez corroborada la certificación de vacunación o se trasladaría (datos) a otra base de registros electrónicos”, cuestionó Crespo.
Crespo puntualizó que “en caso de que los datos derivados sean almacenados en alguna base de datos, quién tendía acceso a los mismos y qué controles existen y aplican para resguardar la confidencialidad. Cómo aseguraran que los datos de los habitantes nacionales y extranjeros no sean compartidos con terceros, para evitar acciones, delitos o ataques al interés o seguridad de las personas”.
En el oficio la Defensoría también consultó acerca de si se analizarían los comportamientos, hábitos o costumbres de las personas; si se ha realizado un estudio de lo sensible que será aplicar el Código QR, los datos recibidos, en correlación con la protección y tratamiento de los datos personales.
También, este ente defensor demandó información sobre si tiene conocimiento la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de la situación, y de ser así, qué medidas se han adoptado y coordinado.
Por último, la defensora pide al presidente y al ministro informar si existen campañas para dar a conocer o aclarar esta información y para que las personas bajo un principio de buena fe, puedan pronunciarse libre, previa e informadamente, sobre posibles registros de sus datos personales.
“Dentro del derecho fundamental a la autodeterminación informativa; existe el principio de transparencia sobre el tipo, dimensión y fines en el procesamiento de datos guardados; que como lo hemos visto en casos anteriores, es deber ineludible de las autoridades y administraciones públicas, garantizar, proteger y asegurar su adecuada utilización en resguardo de la intimidad y privacidad de las y los habitantes; y es por ello que una vez más esta Defensoría pide cuentas”, manifestó Crespo.
