San José, 16 nov (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, censura la actuación en relación a la aplicación de las Pruebas Nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), que se realizaron el pasado viernes a 77 mil niños y niñas de quinto grado.
A los niños se les aplicó un cuestionario de “Factores Asociados”, más las preguntas de la prueba para un total de 600 ítems. En el cuestionario se consultó sobre diversos temas no apropiados para la edad de estas personas menores, donde se les solicitó valorar la metodológica usada por el docente para impartir sus clases, la condición socioeconómica de la familia y el estado del centro educativo, entre otros aspectos.
La Defensoría de los Habitantes considera que esta situación trasgredió derechos fundamentales, tanto de padres de familia, de encargados; y de las personas menores de edad.
“En primer lugar, al parecer se vulneró el interés superior de la persona menor de edad de disfrutar de un ambiente físico y mental sano para su desarrollo pleno, establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En segundo lugar, se violentaron derechos establecidos en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, debido a la información –al parecer sensible– recolectada de forma obligada, sin el consentimiento de las personas responsables de las y los niños; así como el derecho a la autodeterminación informativa, entre otros”, agregan.
Ante esto, la Defensoría inició una investigación de oficio sobre la situación presentada en relación con la aplicación de las pruebas FARO.
En razón de lo anterior, remitió una solicitud de informe a Steven González Cortés, ministro ai del MEP, para que se detalle el proceso seguido para elaborar, aplicar, trasladar, almacenar y resguardar las pruebas FARO, en especial el cuestionario denominado Factores Asociados; así como las personas responsables de cada etapa.
Asimismo, la Defensoría pidió cuentas a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), para conocer si investigará la situación.
En especial, la posible vulneración del derecho a la autodeterminación informativa con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos sensibles recolectados en el cuestionario “Factores Asociados”; información que está en manos del MEP desde el día viernes 12 de noviembre; siendo que hasta el día de ayer, 15 de noviembre (2 días después), se informa de la decisión y ordenanza Judicial de no utilizar esta información recabada.
Para la Defensoría los padres y madres de familia, el personal docente, los habitantes en general, pero sobre todo las más de 77.000 personas menores de edad estudiantes que aplicaron la prueba en cuestión, demandan y merecen respuestas claras de las autoridades públicas.
En razón de lo anterior, la defensora pidió al presidente de la República, Carlos Alvarado, aclarar, entre otras cosas, qué uso se daría a la información recabada y con qué fines; y si conocía alguna instancia o dependencia de la Presidencia de la República, sobre la intención de aplicar el apartado denominado Factores Asociados en las pruebas FARO.
La Defensoría sostiene que la mayoría de la información consultada por medio de ese cuestionario ya ha sido obtenida por otras instituciones especializadas, con competencias legales exclusivas en materia de recabación de datos, formulación estadística y gestión de programas sociales y mediante metodologías científicas ampliamente probadas y validadas, como lo son el INEC y el IMAS, es por ello que cuestiona al mandatario por qué se valió el MEP de las y los estudiantes para duplicar dicha información.
Para la defensora las autoridades públicas involucradas deben investigar lo ocurrido con el apartado “Factores Asociados”, y llegar hasta las últimas consecuencias, en aras de la transparencia y rendición de cuentas.
