San José, 18 sep (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advirtió sobre posibles impactos en la operatividad de las oficinas centrales y regionales de la institución, así como en la labor de defensa y promoción de los derechos de los habitantes, ante eventuales afectaciones al presupuesto institucional para el ejercicio económico de 2027.
La jerarca expuso la situación ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa este miércoles 16 de setiembre.
Durante su intervención, Cruickshank reconoció las restricciones fiscales que enfrenta el país y aseguró que la institución comparte la preocupación por optimizar el uso de los recursos públicos.
Según explicó, el anteproyecto de presupuesto contempla principios de austeridad, contención del gasto y orientación hacia resultados.
Entre las medidas implementadas durante su gestión, mencionó el ajuste de la nomenclatura de 10 plazas hacia categorías inferiores, con el objetivo de reducir la presión sobre los gastos corrientes relacionados con remuneraciones.
También destacó la optimización del organigrama institucional, con una reducción de las direcciones institucionales de 14 en 2023 a 11 en 2026.
Otro de los aspectos señalados fue el aumento en la capacidad de ejecución presupuestaria. De acuerdo con la Defensoría, esta pasó de un 81% en 2023 a un 91% en 2025, superando por primera vez en los últimos ocho años el umbral del 90%.
Defensoría alerta sobre cobertura
Cruickshank también destacó la cantidad de funcionarios disponibles para atender las necesidades de la población.
Según indicó, la institución cuenta con un profesional dedicado a la defensa o promoción de derechos por cada 50.000 habitantes a nivel nacional.
En el caso de las seis oficinas regionales, la relación asciende a un profesional por cada 150.000 habitantes.
Para la defensora, garantizar el acceso a los servicios especializados de la institución resulta necesario para atender las brechas territoriales, económicas, geográficas y tecnológicas existentes en el país.
₡6.246 millones para 2027
La jerarca señaló que el monto contemplado en el anteproyecto de presupuesto, de ₡6.246 millones, constituye el mínimo necesario para que la institución pueda operar de acuerdo con el mandato establecido en la Ley N.° 7319 y con las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos.
Asimismo, afirmó que la Defensoría cuenta con el menor presupuesto de la Administración Pública Costarricense.
Cruickshank sostuvo que la defensa del presupuesto institucional no constituye un fin en sí mismo, sino que está relacionada con el cumplimiento de las funciones para las cuales fue creada la Defensoría.
Entre esas labores se encuentran la protección de las personas frente a actuaciones u omisiones del sector público, la atención de personas y comunidades, la investigación de posibles vulneraciones de derechos individuales y colectivos, la emisión de alertas tempranas y el apoyo a la actividad legislativa como órgano auxiliar.
También incluye acciones de educación en derechos humanos dirigidas al funcionariado público y organizaciones de la sociedad civil, así como labores de control de legalidad y convencionalidad.
La Defensoría señaló además que los esfuerzos realizados durante los últimos años han contribuido a fortalecer la credibilidad institucional, sustentada en el apego a la ciencia, la técnica y el ordenamiento jurídico.
