San José, 30 nov (elmundo.cr) – La defensora Catalina Crespo explicó que “en un ejercicio de responsabilidad fiscal, en los últimos años ha congelado más de 20 plazas, logrando así un ahorro significativo para el erario público estimado en más de mil millones de colones”.
Crespo señaló que “el secreto para haber sobrellevado tantos ataques y presión a lo largo de sus cuatro años de ejercicio, fue el haberse movido en la más estricta legalidad”.
Pues indicó que las denuncias en su contra han sido desacreditadas o archivadas una y otra vez, y las que se encuentran presentadas actualmente seguirán esa misma línea al tratarse de actuaciones absolutamente legales.
Las declaraciones de la defensora se dan a raíz de que la Procuraduría General de la República emitió el criterio PGR-C-260-2022, en el cual indica que no puede evacuar una serie de consultas técnicas que la Defensoría le planteó respecto de la figura del “Recargo”; en razón de que una persona interpuso una supuesta denuncia haciendo referencia a ese mismo tema.
Según Crespo, la Procuraduría citó a Hernán Rojas Angulo, jefe de recursos humanos como el denunciante, por lo cual no puede atender las consultas técnicas planteadas; y esa cita se da a partir de una nota de prensa.
Crespo manifestó que “ante éste panorama y en atención al principio de transparencia debo indicar que en nada necesito criterio alguno de la Procuraduría para ser usado en un asunto personal. Y mucho menos tratándose de una denuncia tan endeble y carente de toda legalidad como la que cita la Procuraduría”.
Entres los logros de la Defensoría indican que “en un ejercicio de responsabilidad fiscal, en los últimos años ha congelado más de 20 plazas, logrando así un ahorro significativo para el erario público estimado en más de mil millones de colones. Adicionalmente, se presentó un proyecto de Ley que incluye pasar de 16 plazas de directores, con salarios promedios de 3,5 millones de colones, a 3 plazas de directores, además se solicitó al Ministerio de Hacienda la eliminación de 12 plazas; este logro, sin demeritar, en modo alguno, la prestación del servicio público. Al contrario, en vez de disminuirse la atención a los habitantes, el trabajo se incrementó, pasando de tramitar 26 mil denuncias en el 2018, a más de 34 mil en el 2020 y 2021. Es decir, con menos plazas se hizo más trabajo institucional, y el erario público resultó favorecido en más de mil millones de colones”.
“Este ejercicio de responsabilidad fiscal, ha puesto un límite al festín de nombramientos, y produjo un malestar en personas que veían a la Defensoría como un botín político para nombrar amigos. Tanto Rojas, como el sindicato de la Defensoría, no sólo adversan esta decisión institucional; sino que procuran, por todos los medios, la defensa de sus intereses burocráticos”, asegura la Defensoría.
De igual forma, manifestaron que “algunas de las plazas vacantes se han llenado por medio de la figura legal del recargo; la cual se utiliza comúnmente en el sector público. No obstante, el señor Hernán Rojas, miembro del sindicato (informado de forma amenazante por él mismo), exdirector del servicio civil del gobierno PAC, y quien asumió en recargo la Dirección Laboral en el 2019, ahora adversa ésta medida, y presenta una denuncia penal respecto de hechos que él mismo sabe que son legales”.
La Defensoría aclaró que “la figura del recargo es tutelada en nuestro ordenamiento jurídico y su utilización debe hacerse cumpliendo con los requisitos que exige la ley”, Lo cual fue lo que sucedió en la institución “de manera estricta”.
En vez de nombramientos permanentes de los cargos Directivos, se nombraron de forma temporal y con recargos, a funcionarios de carrera de la Defensoría para que asumieran las Direcciones Vacantes, sin desatender sus responsabilidades propias de los puestos que ocupaban.
La Defensoría desmintió a Hernán Rojas, quien dice que los recargos han caído en personas del despacho de Crespo, “lo cual la lista de personas que han ejercido direcciones bajo esa figura, lo desmiente de manera categórica”.
“En términos simples y explicativos; son funcionarios que tienen una plaza fija en la defensoría de los Habitantes y su nombramiento para asumir recargos temporales se da a partir de una lista que conforma el Departamento de Recursos Humanos con base en atestados técnicos y requisitos legales (no a dedo como dice Rojas Angulo) y a esos funcionarios, aparte de los deberes inherentes a su plaza, se les recargan otras funciones directivas de manera temporal, con lo cual, el Estado en vez de pagar dos salarios, solo paga uno”, comentaron.
Esta medida ahorrativa de recursos públicos operó en medio de un aumento sostenible del trabajo institucional, lo cual sirve para demostrar su pertinencia, máxime en épocas de crisis fiscal, dijo el ente defensor.
“No obstante, Hernán Rojas Angulo, pese a conocer la validez legal de la figura y pese a haber ejercido él mismo como “Director” en recargo; ahora que recién se ha integrado al sindicato de la Defensoría SIDEF presentó, ante la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, una denuncia en contra de la aplicación de dicha figura a nivel institucional. Y con base en esta denuncia, la Procuraduría General de la República contesta que no puede atender ninguna consulta legal relacionada con este tema que haga la Defensoría de los Habitantes”, concluyen.
