A Cerdas Salazar le siguen una causa en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, por el supuesto delito de cultivo de cannabis que incluso le hizo merecedor de una prisión preventiva.
“Las mismas investigaciones han acreditado que se trata de un autocultivo de cannabis para uso personal, conducta que no está ni debe ser penalizada, por lo que su detención y prisión preventiva debe ser considerada desproporcional y excesiva, poniendo en evidencia que en Costa Rica se quiere castigar de manera ilegítima a las personas que consumen drogas”, dijo la Defensa Pública en un comunicado de prensa enviado este jueves.
Varios altos Tribunales penales de Costa Rica han dicho varias veces que poseer marihuana y cultivar cannabis no es delito, si este no tiene con fin el tráfico, que sí es penado con la Ley de Psicotrópicos.
“Inclusive la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, que tiene en Costa Rica un nivel superior a las leyes y que regula enérgicamente el control de drogas, dispone expresamente que no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinada exclusivamente a fines hortícolas (art. 28.2), es decir, al realizado artesanalmente en huertos de pequeña extensión, destinado al autoconsumo”, agrega el comunicado.
La Defensa Pública afirma que a Cerdas Salazar se le está aplicando una persecución penal ilegítima y que vulnera sus derechos humanos.
“Se han practicado cinco investigaciones en su contra y en todas se ha concluido la inexistencia de pruebas que acrediten hechos diferentes al propio cultivo para consumo personal. Incluso el OIJ reconoce haber enviado a varios colaboradores encubiertos con la intención de comprarle cannabis, a quienes el Sr. Cerdas siempre respondió que las plantas eran únicamente para su consumo”, agregó la Defensa Pública.
En cuatro resoluciones dictadas por jueces de la República, se ha reconocido que, en este caso, no se ha demostrado que el cultivo de cannabis es constitutivo de delito, debido a que su siembra no tiene fines lucrativos, de venta o de distribución. Igual posición ha manifestado, en dos ocasiones, la Fiscalía de Alajuela, que congruente y consistentemente pidió sobreseer su primer caso y rechazó la petición del OIJ de allanar por tercera vez su vivienda.
“No se comprende, entonces, cuál ha sido la motivación de seguir persiguiendo al Sr. Cerdas Salazar, en hechos que reiteradamente los jueces han dicho que no constituyen delito. De manera ilegal se le ha violentado su derecho a la intimidad, ya que su casa ha sido allanada en cinco oportunidades, se le ha decomisado su cultivo a pesar de que era para su propio consumo, ha sido incluso inducido a la comisión de delitos, en lugar de reconocer la legalidad de su actividad hortícola como una acción eficaz contra el narcotráfico ilegal y el crimen organizado y, lo más grave, ha sido privado de su libertad durante más de dos meses, poniendo en riesgo su salud”, agrega el comunicado.
La Defensa Pública afirma que confía en la institucionalidad democrática de Costa Rica, por lo qiue seguirán defendiendo al abogado alajuelense hasta que se reconozca que su actuar no es un delito.
