San José, 16 nov (elmundo.cr) – Nuevos cuestionamientos sobre la administración del expediente penal del denominado caso Barrenador han puesto bajo escrutinio las actuaciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), tras una queja disciplinaria presentada por la defensa de Coopesalud ante la Inspección Judicial.
El abogado Sergio Castillo Quesada, representante legal de la cooperativa, denunció presuntas irregularidades en la incorporación, custodia y foliatura de los documentos judiciales que integran la causa. Según la denuncia, existen anomalías que comprometen la transparencia de la investigación y las garantías del debido proceso.
El señalamiento principal apunta a la existencia de documentos elaborados meses antes de una revisión formal del expediente, pero que fueron incorporados posteriormente en la secuencia documental, además de una corrección de foliatura realizada apenas dos días después de que la defensa recibiera copias de los tomos.
De acuerdo con el relato de los hechos, el 29 de julio de 2026, un representante de la defensa examinó el expediente y recibió reproducciones de varios tomos. No obstante, en una versión posterior del tomo VIII, aparecieron actuaciones fechadas desde mayo de ese mismo año, ubicadas cronológicamente después de la constancia de aquella revisión inicial.
Asimismo, la defensa reportó que el 31 de julio, personal judicial dejó constancia de una corrección de foliatura que comprendió los folios 3089 al 3119. Posteriormente, en visitas realizadas en octubre, se informó a la defensa sobre la aparición de aproximadamente cien folios adicionales que no constaban anteriormente.
Ante este panorama, la defensa de Coopesalud cuestiona: “¿cuándo fueron incorporados efectivamente esos documentos?, ¿por qué fue necesario corregir su foliatura?, ¿qué información estaba disponible para la defensa en cada revisión?, ¿existen otras actuaciones pendientes de incorporar?”.
Coopesalud, que ha mantenido una postura crítica contra la investigación de la Fiscalía, solicitó a la Inspección Judicial preservar el tomo VIII, reconstruir la secuencia de incorporación de documentos e identificar a los funcionarios responsables de estas actuaciones.
La cooperativa enfatizó que la legitimidad de una investigación penal de esta magnitud depende de la integridad del expediente y del respeto irrestricto al derecho de defensa. La denuncia recuerda, además, que un antecedente disciplinario previo ya había señalado dificultades para verificar actuaciones del mismo caso debido a limitaciones en el acceso a la documentación física.
Este nuevo capítulo se suma a la compleja trayectoria del caso Barrenador, el cual ha sido objeto de múltiples controversias, incluyendo disputas sobre la validez de informes técnicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la reciente presentación de querellas por parte de las cooperativas contra funcionarios de la Contraloría General de la República.