Decretos buscan garantizar inserción laboral de personas con discapacidad

San José, 29 may (elmundo.cr) – En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó los decretos ejecutivos 43024-MP-MTSS y 43025-MP-MTSS, que buscan garantizar la participación activa e inserción en el empleo y el trabajo de la población con discapacidad. La firma se dio junto a las ministras de la Presidencia, Geannina Dinarte; y la de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara.

Uno de los decretos es la Reforma al Reglamento de la Ley Nº 8862, que tiene como fin facilitar la aplicación de la norma para que las instituciones públicas reserven plazas para la contratación de esta población.

La otra medida es la Declaratoria de Interés Público y Nacional del Programa Inserta, una cooperación de la Fundación ONCE y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector empresarial privado mediante herramientas, metodologías y enfoques que se orienten a aprovechar el talento humano y competencias de las personas con discapacidad.

Como parte de la articulación interinstitucional liderada por el Despacho de la Segunda Vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se elaboró el documento “Ruta para el cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno” con el fin de seguir fortaleciendo las capacidades institucionales para la aplicación de la normativa vigente que promueve los derechos de las personas con discapacidad, en particular el derecho al empleo y al trabajo.

“Como país, estamos comprometidos a seguir avanzando con acciones concretas como estas para derribar las barreras actitudinales y del entorno e incorporar efectivamente a la población con discapacidad a la fuerza laboral, fomentando la igualdad de oportunidades y derechos para el desarrollo inclusivo y sostenible de Costa Rica”, manifestó el presidente Alvarado.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) desarrollada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más de 56% de personas con discapacidad están fuera de la fuerza laboral.

El vicepresidente Rodríguez y articulador político de la atención a esta población, afirmó que “las personas con discapacidad son productivas y deben encontrar espacios sin barreras e inclusivos en el mercado abierto de trabajo”.

“Por esto, también el Despacho ha dado especial atención a los lineamientos que guiarán el Sistema Nacional de Empleo y ha propuesto su vinculación con el Programa Inserta a fin de aprovechar la cooperación internacional para contar con mayores y mejores condiciones de inclusión laboral para las personas con discapacidad en el sector privado”, expresó Rodríguez.

Sobre los decretos

La Reforma al Reglamento de la Ley Nº8862 facilita los procesos de identificación y reserva de plazas vacantes, la divulgación de las ofertas de empleo y la realización de procesos de reclutamiento, selección, evaluación e incorporación al puesto en modos inclusivos y preventivos sobre cualquier tipo de discriminación, todo en estricto cumplimiento de las normas de contención del gasto público y la eficiencia económica del sector público.

Este texto se gesta a partir de los resultados emanados de un proceso de recopilación de información durante el 2020, la cual demostró la importancia de realizar la reforma reglamentaria para evitar rezagos y obstáculos en la aplicación de la norma.

En el caso del Programa Inserta, se trata de una iniciativa regional de cooperación con el BID y la Fundación ONCE que promueve la inclusión laboral de esta población mediante el desarrollo e innovación en tecnologías, procesos de intermediación laboral, capacitación de empresas y personas gestoras de empleo.

Dicho programa se incluirá en el Sistema Nacional de Empleo para generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad que se encuentran fuera de la fuerza laboral.

Para ampliar los esfuerzos en la inclusión laboral, la Segunda Vicepresidencia de la República coordina acciones con la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad a fin de promover la incorporación del sector empresarial privado y organizaciones sin fines de lucro en una oferta de programas orientados al empleo y trabajo decente de esta población.

“Las necesidades y realidades de las personas con discapacidad son diversas. Nuestro compromiso es sentar las bases para que el Sistema Nacional de Empleo, y las unidades de Recursos Humanos en el sector público, respondan a esa diversidad y sean efectivas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como en el seguimiento para la permanencia en el trabajo siempre en un marco de respeto de la normativa laboral vigente en nuestro país”. dijo Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

“La emergencia por COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad ampliada que viven las personas en situación de discapacidad frente al virus pero también de cara al acceso oportuno a los servicios de protección social del Estado. Por ello, es que hemos abogado para que la igualdad de oportunidades y de derechos sea entendida más allá de una aspiración ética de la sociedad, y sea entonces un compromiso de la institucionalidad por convertir esos principios en una ruta de articulación del trabajo diario, y de acciones afirmativas concretas que derrumben las barreras de inequidad que hoy siguen condicionando la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. No renunciar a ello es una obligación de justicia social”, expresó Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente Ejecutivo del IMAS.

“Las personas con discapacidad –que en el país es de cerca de 675 costarricenses- han debido enfrentar esta pandemia con más vulnerabilidad generada por la falta de empleo, la pobreza y las dificultades para el uso de la tecnología, en momentos que todo se mueve hacia la virtualidad. Por lo anterior, abogamos por una reactivación económica con inclusión y por generar las condiciones para que las personas con discapacidad recuperen su autonomía, sin exponer su salud”, manifestó Lizbeth Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS.

Este proyecto, que se implementará en Costa Rica, Colombia, Ecuador y República Dominicana, busca potenciar la formación de personas con discapacidad en su puesto de trabajo, promover la demanda laboral inclusiva y aumentar la participación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral.

“Esto no solo es importante para mejorar las vidas de las personas, sino también es positivo para la economía: estimamos que incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral aumentaría el PIB entre un 2% y un 3% , beneficiando a toda la sociedad”, expresó Francisco Javier Urra, jefe de Operaciones del BID en Costa Rica.

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