San José, 16 oct (elmundo.cr) – El presidente de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), Guillermo Rojas Guzmán, señaló que el decreto sobre la implementación del 5G le puede traer consecuencias al país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto de 2023.
Este decreto no solo excluye a China, sino también a otros países como Brasil y Suecia, que tampoco han firmado la adhesión al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
En sus declaraciones ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Rojas señaló que exigir que los países sean firmantes de este convenio representa una barrera de entrada al excluir proveedores y eliminar o reducir la variedad de opciones tecnológicas y la competencia en ese mercado.
En el caso de la OCDE, el diputado del Liberal Progresista, Gilberto Campos, si este decreto violenta parámetros y disposiciones de dicha instancia, a lo que Rojas Guzmán contestó que la OCDE ha sido muy clara en temas de neutralidad tecnológica y en el equilibrio entre regulación y competencia.
Según, Rojas explicó que en el caso de la OCDE “el derecho a la competencia” sólo puede ceder ante una regulación que imponga una barrera de entrada a un mercado cuando “se ha sopesado el principio de proporcionalidad, en el que es la única manera” de “tutelar un bien mayor, un interés colectivo público”.
De igual forma, indicó que en junio y diciembre de cada año la Coprocom rinde cuentas ante el Comité de Competencia de la OCDE, donde el tema del 5G será expuesto. “Se hará saber la posición que Coprocom externó en relación con el decreto y las condiciones en que fue emitido e igualmente el silencio que guardó el Ejecutivo en relación a contestarnos la opinión”.
Rojas fue enfático en que excluir proveedores “por una razón geopolítica o relacionada con un determinado cumplimiento con un tratado internacional reduce el dinamismo del mercado, podría inclusive ir más allá inhibiendo la innovación”.
“Puede conducir a precios más altos para los consumidores y las empresas (…) en casos extremos, se puede crear oligopolio o monopolio”, alertó.
Rojas recalcó que “en lugar de prohibir un proveedor simplemente porque su hardware o software proviene de un país que no está alineado con el Convenio de Budapest, la neutralidad tecnológica exige que se evalúe todos los proveedores según los criterios objetivos de seguridad, de cumplimiento de normativas, sin que la regulación llegue a favorecer a una determinada tecnología o fabricante sobre otro, por razones que no estén estrictamente ligadas a la calidad técnica o a la seguridad”.
