San José, 11 may (elmundo.cr) – Las declaraciones de testigos en el juicio por estafa contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) evidenciaba que dirigentes de alto nivel del partido sabían del mecanismo que se utilizaba y hasta buscaron personas para que firmaran contratos.
A pesar de eso la Fiscalía General se hizo de la vista gorda y evitó acusar a más dirigentes para determinar su grado de responsabilidad. Por este caso fue condenado únicamente el extesorero del PAC, Maynor Sterling y el encargado de los mandados en el partido, Manuel Antonio Bolaños.
Roberto Zoch Gutiérrez, actual alcalde de Moravia y uno de los firmantes de contratos dijo en el juicio “lo que se había dicho es que íbamos a materializar el tiempo que nosotros le dedicábamos al partido como servicios especiales y de alguna manera el partido lo iba a cuantificar como tiempo dedicado a la campaña”.
“Estábamos en una reunión de campaña, primero lo habían dicho en un local de campaña, que si más no recuerdo, estaba frente a las paradas de buses de Moravia Centro, después en una reunión en la casa de Janina Soto, ahí nos llevaron unos documentos, donde nos dijeron que esa era la manera que había encontrado el partido, que ya habían consultado legal y financieramente, en que se iban a cuantificar, que se iba a hacer por medio de bonos y que nosotros íbamos, por decirlo así, endosar al partido, como parte de nuestro aporte al partido Acción Ciudadana“, agregó Zoch.
El excandidato a alcalde por San José, y nombrado en este gobierno en un puesto en la Dirección de Migración, Daguer Hernández, señaló en el proceso que “todos los que estábamos en el espacio estamos enterados de una forma y todos conocíamos y sabíamos lo que íbamos a firmar.… Propiamente, estos documentos pudieron haberse firmado en esa reunión o antes, como el comprobante de pago, que pudo haberse firmado antes, la idea nace con el tema de revalorizar el tiempo y alguien me lo planteo. Nosotros no se lo planteamos al partido, sino que fue una conclusión general, sino parte de las conversaciones que teníamos. Yo creo que al final fue el partido el que nos dijo que íbamos a valorizar el tiempo con bonos B que tal vez puede ser cobrado o no puedan ser cobrados”.
María Elena Rojas Mora, ex regidora suplente del PAC en Alajuelita, mencionó que los contratos los firmaron en una reunión en La Catalina donde se encontraba Margarita Bolaños, “esos papeles, yo nada más lo firme y tenía el número de cédula, tenía al mismo tiempo, unos espacios en blanco y yo nada más me dedique a firmarlos. No sé qué decían estos espacios en blanco. Eran varios papeles y yo nada más firme. Aparte de ese día, no recuerdo haber firmado otros documentos para el PAC”.
El dirigente cantonal de La Unión, Amadeo Cordero Martínez, señaló en juicio a la ex secretaria general del PAC como la persona que le planteó que firmara los contratos por servicios especiales, “en la conversación que tuve con Margarita Bolaños, ella me planteó, soy presidente del Comité Ejecutivo Cantonal, en el cantón mucha gente me conoce, mucha gente contribuyó a la campaña, y a mis más cercanos amigos que colaboraron, yo les plante la posibilidad de que si ellos podían firmar contratos de servicios por la contribución que habían dado y yo le señale a Margarita que alguna gente estaba dispuesta a firmar“.
La dirigente de Goicoechea, Gloría María Cárdenas sostuvo que “le pregunte a don Manuel que por qué firmaba el documento y me dijo que yo brindaba servicios de capacitación y yo le pregunté quién había dicho, porque yo sabía que él era un peón y me dijo Margarita Bolaños y don Sterling, el Comité, eso es como lo que yo recuerdo de la conversación”.
Ricardo Coto, dirigente de Tibás dijo en juicio que “las autoridades el partido me designaron el salario, el comité político de la sede central del partido…. ese se firmó con el propósito que, si se ese pago se daba, se donaba al partido”.
Ricardo Salazar Camacho, hijo del exdiputado José Joaquín Salazar, señalo en el debate que “la famosa boleta para recibir una remuneración, que ya se sabía de antemano que iba a ser donada al partido. No recuerdo cuándo se firmó porque fue hace muchos años. Mi papá me pidió que la llenará, que a cambio del trabajo que yo realizaba, se iba a hacer una remuneración, la cual nosotros gustosamente la íbamos a donar al partido. Mi papá se llama José Joaquín Salazar Rojas. Mi papá fue diputado del 2006 al 2010″.
La dirigente de San Rafael de Heredia, Amable Corrales, menciona a la exministra de Cultuta, Elizabeth Fonseca como la persona que les mencionó el mecanismo de servicios especiales, “de las autoridades del partido, la única que me acuerdo fue Elizabeth Fonseca, que nos pidieron que si queríamos trabajar para la organización, pero que no se nos podía remunerar porque no había fondos, pero que dependiendo de la participación ciudadana, pero que podían pagar con bonos B, dependiendo de la participación ciudadana, se nos podía pagar, en el caso mío, me era indiferente, para mí, fue tan poco transcendente este acto, yo sé que después el número de votantes no dio para pagar los bonos B, pero fue después”.
La exdiputada Yolanda Acuña, indicó en juicio que “no recuerdo quién me dio el contrato, sí sé que fue una muchacha, ahí había varias funcionarias, ya yo sabía del contrato, porque ya antes me lo habían planteado, y ahí me dieron el manual, cuando me lo llevaron, ya me habían planteado la posibilidad de hacerlo efectivo y yo dije que sí, la verdad es que estoy haciendo un trabajo y ahí me dieron el contrato. Si sé que la muchacha era funcionaria, pero no recuerdo en cuál oficina trabajaba, ella me lo entregó, yo solo lo firmé, ya yo había entregado copia de la cédula antes”.
Olga Esther Camacho señaló a José Joaquín Salazar como la personas que le planteó lo de firmar el contrato, “sí firmé documentación, mi esposo en este tiempo me trajo una especie de boleta o una hoja o algo así, para ver si yo quería firmarla, para decirme que el trabajo que yo iba a realizar, me lo iban a pagar, pero que yo esa plata, la iba a donar al partido, eran una hoja que traía unas casillas que estaban en blanco, yo confiaba en él, la verdad, y firmé en blanco, pero si soy consciente que yo donaba esa plata que yo me ganaba al partido“.
José Alberto Gómez Granados, hijo de la exdiputada Carmen Granados, señaló a su madre como la persona que le mencionó el plan, “sí recuerdo que firmé un documento, que no recuerdo bien, o no preciso, lo que decía, pero entendí en ese momento, que era un documento en donde yo le entregaba el trabajo al partido, no iba a reclamar ningún dinero por ese trabajo, y si recuerdo firmarlo, no preciso qué decía. Creo que lo firmé en la casa del partido en Guácimo. Mi mamá me entregó el documento. Recuerdo que ella me explicó, en el momento que yo leí, ella me explicó que era un documento por el trabajo que iba a ser, las funciones que anteriormente mencioné, iba a donar ese trabajo al partido y recuerdo que eso fue lo que me dijo y yo firmé, obviamente, yo confiando, recuerdo que ese día, varios firmamos y después alguien se llevó esos documentos”.
La exdiputada, Jeannette Ruíz Delgado, declaró “firmé un contrato por un monto que andaba por los 2 millones, ahí se dijo que si quedaba dinero, querían hacer un reconocimiento al trabajo que había realizado, recuerdo haber preguntado, si los otros compañeros habían firmado, se me dijo que muchos, no todos, yo pregunté, no tenía ningún tipo de restricción para firmar el contrato, no tenía más trabajo que eso, procedí a firmarlo y en el momento que firmó, digo este trabajo yo se lo voy a donar al partido porque mi intención no es cobrar un cinco“.
La dirigente de Puntarenas, Elizabeth Ramírez, señala a la exdiputado Laura Garro como la persona que le llevó el contrato, “ese documento me lo entregó doña Laura. No recuerdo si los espacios en blanco estaban llenos (recibo). Reconozco mi nombre, mi firma, mi número de cédula y el monto del bono. Lo firmé en mi casa. Doña Laura me llevó ese documento para firmarlo”. Casi similar es el de Honorio Mena Cruz que indicó “Doña Laura era la dirigente más alta aquí. Es doña Laura Garro. Me dio el contrato, yo vi que era para ayudar al partido para que tuviera financiamiento. Yo entiendo bien la política, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo y por eso lo firmé”.
Maria Ester Madrid, dirigente de Pérez Zeledón, declaró que “lo firmé en el club del PAC en Pérez Zeledón con el comité ejecutivo. Me lo entregó Alice Solís Fernández, me parece que fue ella. Probablemente sí leí el documento, pero si me pregunta por el contenido, no recuerdo, solo que era para la posible recuperación de bonos tipo B. No recuerdo exactamente el monto económico, pero me parece que eran 2 millones y algo”.
La dirigente sancarleña, Ana Leticia Estrada señaló que “no sé por qué firmé este contrato. No me informaron sobre el pago de los bonos B. Yo sé que existen los bonos A y B, y que se pagan dependiendo de la votación. Tal vez estos documentos los firmé en el club del partido en San Carlos. En algún momento, Manrique fue a nuestro distrito y con algunas personas explicó cómo se financiaba una campaña política y yo recuerdo eso. Yo pienso que lo que explicó Manrique Oviedo tiene relación con este contrato, pero segura no estoy“.
Ignacio Azurdia Molina, hijo de la exdiputado Emilia Molina explicó que “recuerdo que me dieron un documento para firmar, mi madre, para que pudiéramos de manera no remunerada colaborar con el partido. No recuerdo si fue antes o después de las elecciones. Recuerdo que tenía que ver para poder colaborar con el partido, eso es lo que yo recuerdo, detalles específicos… Fue mi madre quien me entregó todos los documentos, yo recuerdo que eso que firmó, me los entregó mi madre… Es decir, yo firmé el documento, pero no recibí ningún dinero a cambio de ese documento, mi mamá si me explicó, pero no recuerdo la explicación”.
La testigo Ingrid Mora Madrigal, que indicó que no realizó trabajos para el PAC, declaró en juicio que “yo en ese período, trabajé para la diputada Carmen Granados, yo soy odontóloga, y ahí le daba servicios en una clínica, pero no sé si ahí firmé esto, y sí ahí conseguí esto. Carmen Granados tenía una clínica dental en Guácimo y yo llegué ahí a trabajar en esa clínica por un porcentaje, y ahí trabajé como odontóloga, si firmaba expediente, tenían fotocopias de mi cédula para diferentes procesos que ahí se realizan”.
La dirigente de Pocora, Delicia Araya también mencionó a la exdiputado Granados, “doña Carmen Granados llegó a mi casa, donde yo laboró y me dijo que tenía que firmar unos documentos, yo no sabía que yo estaba metida en ese asunto, que yo podía cobrar para la campaña política, ella me dijo que tenía que firmarlos porque si no este dinero no se reembolsa al partido y no se podían pagar los gastos de campaña. Ella llegó después de las elecciones a mi casa. Me dijo que era para cobrar lo de la deuda política, sino no le podían pagar al partido lo de la deuda política, sino llevaban esos documentos firmados y hasta le dije, cuidado me va a meter en un problema y dijo que no iba a tener ningún problema“.
Ruth Soto Guzmán, pastora en una iglesia de Pocora declaró sobre los contratos firmados por ellos que “fue con los mismos miembros de la iglesia, yo les pedí, y luego otra persona me dio las instrucciones a mí para yo dárselos a ellos. El esposo de doña Carmen Granados, don Tobías, era quien me daba las instrucciones. A los guías los conocí por el desarrollo de la campaña, obviamente. En esas reuniones, si participaba Carmen Granados, ella nos motivaba, nos daba palabras de aliento. Creo que ella sabía de esos documentos que firmé porque ella casi siempre estuvo ahí con nosotros”.
Una miembro de dicha iglesia, Lidieth Oviedo Solano dijo en juicio que ella nunca firmo un contrato por servicios especiales que fue entregado el TSE, “esa firma no es mía, no he firmado ningún papel (contrato). No reconozco ninguna firma. Ninguna de las firmas que están en el documento son mías, no he firmado ningún papel (recibo). Ninguna de estas firmas es mía, yo no he firmado ningún papel (formulario). No reconozco ninguna firma que sea mía, yo no he firmado ningún documento (fotocopia de la cédula)”.
Annia Elizondo Salazar, dirigente de Cañas declaró que “vea, en realidad, cuando estuvo el proceso de elección, las encuestas en ese momento, no ubicaban al partido para la deuda política en los porcentajes que daban, en ese momento realicé esa labor ad honórem, después cuando pasaron las elecciones, y el partido tuvo en ese momento el acceso para la deuda, nosotros firmamos un contrato con el partido, entre la señora Margarita Bolaños y mi persona, como promotora, hicimos el contrato y le donamos eso al partido. Es que eso no fue muy largo, no podría decir específicamente, pero fue como a finales de febrero, en ese tiempo, que se cerró las elecciones, pero no puedo precisar exactamente la fecha. El contrato lo firmé en Cañas”.
