San José, 22 oct (elmundo.cr) – El diputado de Nueva República, David Segura, señaló que “ningún trabajador en Costa Rica debe recibir cursitos LGTBI que van en contra de su libertad de pensamiento y su libertad de conciencia”.
Según el diputado, “lo que han hecho con los empleados públicos de Costa Rica es un claro atropello a todos los derechos humanos de quienes no aprobamos las tonteras que quieren imponernos las agendas globalistas”.
“El estado no puede quitarle la libertad de pensamiento a nadie. Ningún costarricense debe ser obligado a cambiar su forma de pensar. Aunque esto nos parezca increíble, es lo que pasó en Costa Rica desde el año 2014, cuando implementaron la supuesta política antidiscriminación a personas LGBTI en las instituciones públicas”, agregó.
Segura recalcó que “en realidad fue una política discriminatoria contra todos los que no pensamos como ellos. Recordemos que en aquella época a todos los funcionarios del gobierno los obligaron a recibir un curso LGTBI. Para la mayoría, lo que enseñaban en el curso iba en contra de su forma de pensar, iba en contra de sus valores, por lo que recurrieron a la Sala Constitucional”.
“Hace pocos días, cuatro años después, les notificaron la sentencia en la que indican que es constitucional siempre y cuando se interprete que la persona funcionaria puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia”, agregó.
El legislador insistió en que “estoy muy orgulloso porque gracias a la lucha que hemos dado los diputados de Nueva República, en el periodo anterior se incluyó un artículo en la Ley Marco de Empleo Público para proteger la objeción de conciencia de todos los funcionarios públicos de Costa Rica”.
“Me encanta lo que contestó la Sala en otra sentencia cuando le consultaron si este artículo era o no era constitucional, ya que los magistrados indicaron que puede concluirse que la objeción de conciencia se manifiesta como límite frente a los poderes públicos para que éstos no interfieran con las convicciones personales. Concretamente se refiere a la posibilidad de apartarse de un deber o mandato jurídico cuando éstos riñen o se contraponen a las convicciones del objetor sin que se pueda exigir a éste responsabilidad”, indicó.
Segura explicó que “la libertad de pensamiento y de conciencia se erigen como elementos fundamentales que conforman la identidad de los creyentes y su concepción de vida así como para las personas ateas, a los agnósticos, a los escépticos y también a los indiferentes. (…) Todas estas sentencias tienen algo en común el Estado es el patrono pero no es el dueño ni de la libertad de pensamiento ni de la libertad de conciencia de sus trabajadores”.
“Por eso hemos señalado que el nefasto proyecto del Partido Frente Amplio, mal llamado terapias de conversión y apoyado por sus diputados aliados, es un peligro ya que quiere prohibir que las personas piensen diferente a la comunidad LGBTI, violando así la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de ideología, de conciencia y también de religión no sólo de los funcionarios públicos, sino de la población en general”, aseguró.
“Basta ya de imponerle a los costarricenses ideologías totalmente extrañas y ajenas a Costa Rica que son contrarias a las convicciones de la mayoría de costarricenses porque sobre estas libertades se fundamenta todo Estado democrático”, concluyó.
