San José, 10 oct (elmundo.cr) – El diputado liberacionista, Daniel Ulate criticó el ‘compadrazgo’ entre el gobierno y las cámaras contra el proyecto de trazabilidad de licores.
El diario La Nación, acusa que este proyecto de Ley está apadrinado por el expresidente José María Figueres, representante de la empresa suiza SICPA, ¿qué dice al respecto diputado Ulate?
Habría que señalar primeramente de que todo lo que han divulgado algunos medios de información es totalmente falso, están engañando a los costarricenses de un modo descarado, hay dos enfoques que tienen que ver con este proyecto de Ley, muy distintos entre ellos, uno donde se trata de favorecer a los evasores, a los que no les gusta la legalidad. El otro enfoque es más patriótico, más tecnológico, más afín a los intereses de los costarricenses, el nuestro es un proyecto contra la evasión, para favorecer el pago de los impuestos a los que hasta hoy han gozado de impunidad y de ilegalidad.
El gobierno debería auspiciar leyes que favorezcan los ingresos al erario público y para defender la salud pública, que no nos vengan con historias falsas, como las que llegaron a contarnos en la Comisión, con presupuestos falsos, llegaron aquí a mentirnos sobre los costos de la trazabilidad, inflando los costos.
Es lamentable que ciertos sectores, a quienes afecta este proyecto de ley,- han tratado de generar noticias falsas en los medios de comunicación, respaldadas por algunas autoridades del gobierno.
Por otro lado dan fe de nuestras intenciones, el trabajo tesonero que hemos hecho en la Comisión desde hace un año, investigando con ahínco y transparencia, no tenemos dudas de que los datos que hemos defendido desde el principio son para beneficio del fisco de nuestro país y por ende para los costarricenses.
De todas las noticias falsas y tendenciosas que han filtrado, quiero decirles que nosotros no tenemos nada que esconder, siempre hemos sido transparentes, aquí hemos recibido a todos, cámaras de comercio, ministros, exministros presidentes ejecutivos, asociaciones de desarrollo, periodistas y público en general, a todos.
Durante la discusión del proyecto nos han visitado alrededor de 260 personas, las insinuaciones perversas que han querido hacer con relación al proyecto de ley, eso no lo vamos a permitir y nuestro honor como diputados está inmaculado y les digo aquí las cosas se han hecho con transparencia y siempre serán así, solo pensando a los más altos intereses del país.
Para reafirmar nuestro compromiso con la transparencia y para dar tranquilidad a la población costarricense decidimos de incorporar al proyecto, un párrafo, una moción que se presentó y que dice textualmente así: “El Ministerio de Hacienda deberá asegurar que la elección del proveedor de ese mecanismo se realice de acuerdo a los parámetros de una licitación pública, abierta y transparente, con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación indebida del proceso, dando cumplimiento con los compromisos anti-corrupción adoptados por el país, para esos efectos deberán excluirse todos los proveedores de sistemas que posean con antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directamente o indirectamente con la industria, de forma tal que generen un riesgo para evitar un eventual conflicto de interés”.
Existen más de 30 empresas pueden ofrecer este servicio, según lo manifestó el mismo Ministerio de Hacienda, el cual deberá elegir el mecanismo o la tecnología idónea, nosotros como diputados queremos ofrecer una herramienta legal, jurídica, hasta ahí llegamos nosotros, ninguno de los diputados de la República tiene injerencia sobre cuál empresa el Ministerio de Hacienda contratará.
¿Puede hablarnos del encuentro que tuvo usted con el exministro Bernardo Arce?
Efectivamente tuvimos la visita del exministro Bernardo Arce, en setiembre del año pasado, estuvimos hablando de tecnología, porque como diputado me interesa impulsar proyectos de ley que tengan que ver con las nuevas tecnologías, hablamos en relación a un proyecto que tiene que ver con dispositivos para detectar el consumo de drogas para los automovilistas, con su expertise como exministro de transportes me interesaba escucharlo, así como a todas las personas que han venido a mi despacho. La visita repito no tuvo nada que ver con el proyecto que estamos discutiendo en estos momentos.
Nosotros seguiremos adelante con este proyecto, a pesar de que sabemos de las presiones de los empresarios y cámaras, nosotros perseguimos el bien común, en lo personal no estoy aquí para beneficiar a ninguna empresa en particular, por eso plasmamos la moción que habla de transparencia, que ninguna empresa que haya sido cuestionada a nivel nacional o internacional pueda participar en el proceso de licitación como este, creo que eso tiene que dar tranquilidad a todos los compañeros y compañeras diputados y a la ciudadanía.
¿Tiene usted algún contacto con don José María Figueres, consultor de la empresa SICPA?
Con don José María, si he tenido la posibilidad de saludarlo dos veces en mi vida es mucho, no tengo relación alguna, no he conversado con él nunca.
¿Ve alguna salida posible en relación al proyecto de Ley N. 20.961?
Aquí la cosa se ha polarizado, algunos van a defender a la industria cervecera y otros que vamos a defender al consumidor. Espero que las presiones que tienen hoy mis colegas con la industria cervecera, no afecte el Proyecto de Ley. Hemos sentido la presión de la industria, de las cámaras, en relación a los costos del mecanismo, pero hoy nos damos cuenta que Hacienda ha cometido errores graves, sobre todo en señalar esos costos desproporcionados de la tecnología.
El tiempo nos dará la razón, y el tiempo hace ver a los ciudadanos y a los mismos compañeros diputados que el tema de los costos es un falso problema, aquí lo que tenemos que hacer conciencia es que el país necesita más controles y medidas de regulación, necesitamos recuperar esos impuestos que no percibimos y esta es una herramienta que nosotros desde la Asamblea Legislativa le estamos brindando al país.
Hace un año durante la discusión del Plan Fiscal nació una iniciativa en la Comisión de Hacendarios para crear un capítulo más, no tenía que tratarse solamente de meter más impuestos a la ciudadanía costarricense, entonces planteamos la posibilidad de un capítulo más que tuviera que ver con el tema del contrabando y de la evasión fiscal que desangra al país. Al final no se pudo incorporar esa moción, entonces tomamos la decisión de proponer este Proyecto de Ley junto a la ANAI, (Asociación Nacional de Alcaldes) desde la percepción que ellos tienen del territorio y que desgraciadamente no cuentan con las herramientas e instrumentos legales para combatir el contrabando y la evasión fiscal.
Durante ese periodo Hacienda hizo un lobby fuerte por el tema del 1% de la canasta básica, ahí si estaban de acuerdo con la trazabilidad para cobrar impuestos a los costarricenses, pero cuando aquí hablamos de trazabilidad fiscal para los grandes evasores de este país, entonces ahí no. Dos pesos, dos medidas diferentes.
OMS, FMI y Banca Mundial instan a los países a adoptar tecnologías de trazabilidad para favorecer la legalidad y la salud de los ciudadanos. Al parecer el gobierno y las cámaras tienen otro criterio. ¿Qué piensa al respecto?
Si es muy extraño, este es un gobierno que en compadrazgo con las cámaras patronales se oponen a un Proyecto de Ley que busca la legalidad y la justicia tributaria en este país. Costa Rica necesita esta herramienta legal para fortalecer el erario público y proteger la salud de los costarricenses, yo respeto las opiniones de todos, sean a favor o en contra, siempre y cuando tengan argumentos fidedignos y de peso para defender sus posiciones.
¿Se va a modificar el proyecto de ley por las presiones de los lobbistas?
En este momento tenemos una moción firmada por los nueve diputados y diputadas que integran la Comisión de Asuntos Económicos, donde se han tomado mucho en consideración las opiniones recabadas de los diferentes sectores en las consultas que se han hecho a lo largo de este año al Proyecto de Ley, todo eso ha sido importante para robustecer la propuesta de cara al segundo día de mociones 137.