San José, 14 nov (elmundo.cr) – El Informe del Estado de la Nación 2018 indica que la protección ambiental en Costa Rica sigue siendo uno de los eslabones débiles en la institucionalizad costarricense.
La perspectiva no tiende a mejorar, puesto que en el Presupuesto Nacional 2019 aprobado por la Asamblea Legislativa el Ministerio de Ambiente y Energía ha sufrido la reducción del 5%, esto impacta directamente en las labores del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual tendrá para el año que viene ₡2.000 millones menos para labores de control.
Según el Programa Estado de la Nación (PEN) y su reciente informe las entidades enfocadas en el cuido de esos recursos, o en controlar y minimizar los impactos de las actividades productivas, son débiles, esto restringe el alcance de la acción pública para convertir la normativa y el discurso ambiental en medidas concretas y eficientes.
“Más de la mitad de estos entes (21 de 37) son órganos desconcentrados, lo cual implica limitaciones en la disponibilidad presupuestaria y la autonomía para organizar sus propias contrataciones administrativas y de personal. Pero hay una diferencia en términos económicos: gran parte de las tareas de regulación han sido asignadas a entes que tienen capacidades jurídicas y financieras restringidas(…). Entidades de control y protección, o responsables de medir y evitar impactos ambientales (como el Minae, el Sinac y la Setena) en general cuentan con pocos recursos”, indica el informe.
La Contraloría General de la República advirtió en su informe DFOE-AE-IF-16-2014 que ninguna Área Silvestre Protegida contaba con los fondos necesarios para atender a cabalidad sus obligaciones: solo un 27% tenía el dinero para realizar entre uno y dos tercios de sus actividades, y solo 9 disponían de personal para cumplir con todas sus tareas; otras 42 carecían totalmente de funcionarios para llevarlas a cabo.
Sumado al déficit de guarda parques, la CGR señala que “la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en la atención de al menos un 80% de las actividades esenciales de 91 Áreas Silvestres Protegidas”.
El informe señala que “mientras en 2014 había un funcionario del Sinac por cada 1.143 hectáreas terrestres bajo alguna categoría de protección, en 2017 había uno por cada 1.187 hectáreas; si solo se considera a las personas directamente responsables de ejecutar acciones en las ASP, se cuenta con una por cada 2.579 hectáreas. Esto no incluye el área protegida marítima, pues de ser así se trataría de un funcionario para cada 5.543 hectáreas. A esto se suma que el 50% del personal activo en el Sinac está cerca de iniciar sus procesos de retiro o jubilación”.
Los ambientalistas indican que la presión de los gremios empresariales como la Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara la de Industrias; atacan las acciones de control ambiental y las califican como “barreras del desarrollo”.
En este momento la Secretaria Técnica Ambiental pasa por un proceso de intervención. La Comisión Transformadora de Setena se encuentra sesionado hace un par de meses sin participación de las organizaciones ambientales ni sociales.
Por su parte la Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) espera que se escuche su solicitud de integrar dicha comisión, dado que la evaluación del impacto ambiental no debe verse como un trámite solamente, sino “como un requisito importante para regular el impacto sobre la naturaleza que tienen el modelo neoliberal como el imperante”.
