San José, 8 may (elmundo.cr) – La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y el Ministerio de Justicia están siendo cuestionados por parte de la empresa CESA.
CESA tiene a su cargo proveer los dispositivos electrónicos, las tobilleras o brazaletes, que portan los privados de libertad que han recibido por parte de los jueces el beneficio de ser monitoreados por el Ministerio de Justicia, hasta el lugar donde han sido enviados a cumplir sus condenas.
La empresa CESA, proveedor de la ESPH desde hace casi tres años y medio, a través del oficio C-00031-2020 -CESA-ESPH-BMA – Respuesta al oficio GER-257-2020, digerido al gerente general de la ESPH, el Ing Edgar Allan Benavides Vílchez, hace una serie de cuestionamientos en contra de la ESPH, su gerente general y en contra del Ministerio de Justicia.
Boris Molina, abogado de CESA, refiere en ese documento de trece páginas, los motivos legales por los que no están obligados a cumplir con un requerimiento que habían recibido de la ESPH, y cuestiona las acciones de la ESPH, del Ing Benavides Vílchez y del Ministerio de Justicia.
En el documento Molina deja entrever que existe una posible violación al principio de buena fe y al deber de probidad, y cuestiona directamente al Ing Benavides Vílchez por haber cambiado su postura en muy pocos meses, aludiendo a que este defendía en setiembre del 2019 la calidad y eficiencia de CESA como proveedor y criticaba al Ministerio de Justicia por hacer un mal manejo de la ejecución del monitoreo, al punto que, a esa fecha, había casi 600 reos sin ser monitoreados, muchos incluso hasta por un año sin saberse nada de ellos en el sistema.
Lo que provocó la intervención del entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, para apaciguar las aguas entre la ESPH y el Ministerio de Justicia.
A todo esto, el abogado Molina cuestiona al Ing Benavides, gerente de la ESPH, de la siguiente manera: “¿Ha cambiado en alguna medida la situación que usted criticaba en setiembre de 2019, respecto de la responsabilidad del Ministerio de Justicia y los números que hoy conocemos al 24 de abril del 2020? ¿Si en esa fecha usted defendía el servicio de la ESPH, siendo CESA su único proveedor, qué podría haber pasado ahora para justificar un cambio del proveedor que precisamente fundamentaba la seguridad en el sistema que usted defendía frente al MJP?”.
A raíz de lo anterior, se le consultó a Molina qué creía que había detrás de todo esto, a lo que contestó que “esperaré a que el señor Benavides y la señora Ministra de Justicia respondan las preguntas concretas y directas que les hemos hecho, y conforme a ello o a su silencio tomaremos las decisiones que se deban tomar. Sin que nos tiemble la mano un segundo para tomar las acciones que quepan contra quien sea, si es que existe algo que consideremos que está fuera del marco de la Ley y en las instancias que sea necesario; pero sin esas respuestas sería yo muy irresponsable de utilizar algún calificativo”.
“En ese sentido, debemos recordar que existe una obligación de respuesta por parte de los funcionarios públicos, con las consecuencias que la ley determina si guardan silencio o no dicen verdad en sus respuestas. Y será en ese momento que pensemos en tomar las acciones que correspondan legalmente, si es que proceden. Eso pasará, diría yo, en muy pocos días”, agregó.
Otro de los grandes cuestionamientos que se le hace al gerente de la ESPH, el Ing Benavides, es que apenas este lunes la ESPH haya solicitado una renovación por dos meses del contrato con ellos, cuando supuestamente la ESPH estaba preparada para cambiar de proveedor el 23 de mayo del 2020. Sin olvidar que, si ya estaban cuestionando que se hiciera un cambio de proveedor, invirtiendo millones de dólares, por tan sólo ocho meses, con mucha más razón si ahora se promueve por seis.
Molina comentó que “aquí hay algo que no logro comprender. Si no existían motivos de conveniencia para la ESPH para variar a su proveedor, y por eso le solicita que se extienda el contrato por dos meses más, porqué se empeña en cambiarlo de todos modos y porqué el nuevo proveedor podría estar interesado en un contrato de esta magnitud para brindar un servicio por tan solo seis meses. Porqué no esperarse a la Licitación Internacional que el Ministerio de Justicia anunció”.
“En serio, de verdad no entiendo, a quien se le ocurre, con todas las medidas sanitarias que ha ordenado el Ministro de Salud y el Presidente de la República, en medio de la pandemia por el COVID-19, hacer un cambio de proveedor que implicada ir a cambiarle (literalmente) a todos y cada uno de los privados de libertad que gozan de ese beneficio (1700 aproximadamente ), en el lugar que estén, su dispositivo, poniendo en peligro de contagio al privado, su familia, sus vecinos, su entorno y a los funcionarios públicos y privados que deben desplazarse para realizar esa acción”, agregó.
Además, cuestionó que “¿será que los cambiarán todos exactamente al mismo tiempo? Simplemente descartarán los dispositivos actuales o qué utilidad tendrán, porque claramente el Estado no está para tirar miles de dólares a la basura. ¿Cuánto le costará esto al sistema? ¿Quién responderá si sucede algo por la mala decisión de hacer el cambio?”.
Por último, le cuestiona al Ministerio de Justicia que no haya respondido una serie de oficios que CESA les ha enviado, especialmente en lo relativo a la no inclusión de esta empresa como parte de un órgano director del procedimientos (investigación) que la Contraloría General de la República le solicitó al Ministerio de Justicia que abriera en contra de la ESPH, por el tema de la participación sustantiva , es decir, por la obligación legal de que la empresa del Estado (ESPH) no sea un simple intermediario o medio de participación en el negocio, sino que verdaderamente su participación sea sustantiva, muy importante, superior a la del privado con el que se alió, en este caso que CESA.
Participación que habría sido cuestionada por la Contraloría y que el Ministerio de Justicia debía investigar a través de un órgano.
Por otro lado, CESA cuestiona el hecho de que no se le haya incluido como parte, por ser potencialmente perjudicada, y por el hecho que, luego de más de tres semanas, el Ministerio de Justicia no haya dado ninguna respuesta sobre las gestiones de CESA respecto de esa investigación, a la que califican de “hermética”.
