San José, 27 abr (elmundo.cr) – La reciente decisión del Ministerio de Hacienda de colocar hasta 1.000 millones de euros en títulos de deuda ha generado críticas desde distintos sectores económicos, particularmente por su posible impacto en el tipo de cambio y por dudas sobre su legalidad constitucional.
El economista, Gerardo Corrales, cuestionó públicamente la medida, señalando que, aunque se presenta como deuda interna, estaría siendo adquirida con capital extranjero, lo que —a su criterio— implicaría la necesidad de aprobación legislativa con mayoría calificada.
Según Corrales, esta operación podría contravenir el artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política, que regula la contratación de deuda externa.
“Es increíble la frialdad de este gobierno hacia el sector productivo y la apreciación de la moneda”, expresó el economista en redes sociales, al tiempo que criticó el silencio de partidos de oposición y cámaras empresariales ante lo que considera una “ilegalidad”.
Contexto económico: presión sobre el tipo de cambio
El señalamiento ocurre en medio de un contexto donde la apreciación del colón frente al dólar ha sido motivo de preocupación para exportadores, el sector turístico y otras actividades productivas que dependen de ingresos en moneda extranjera.
La entrada de capital externo para la compra de instrumentos en euros podría, según algunos analistas, aumentar la oferta de divisas en el mercado local, presionando aún más a la baja el tipo de cambio. Esto beneficiaría el control de la inflación y el costo de importaciones, pero afectaría la competitividad de sectores generadores de divisas.
Debate legal en curso
El punto más polémico radica en la naturaleza de la deuda. Mientras Hacienda ha defendido que se trata de colocaciones internas —al emitirse bajo legislación local— críticos como Corrales argumentan que el origen de los fondos es determinante para clasificarla como deuda externa.
Hasta el momento, no se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en relación con esta operación específica, ni pronunciamientos oficiales de la Asamblea Legislativa sobre el tema.
Reacciones pendientes
El cuestionamiento también pone presión sobre los actores políticos y empresariales, a quienes se les reclama una postura más clara. Cámaras del sector productivo han manifestado en ocasiones anteriores su preocupación por el tipo de cambio, pero no han emitido un pronunciamiento formal sobre esta colocación en particular.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda no ha respondido directamente a las críticas de Corrales, aunque en reiteradas ocasiones ha defendido su estrategia de financiamiento como necesaria para cubrir obligaciones fiscales en condiciones favorables.
El tema promete escalar en el debate público en los próximos días, especialmente si se formalizan acciones legales o si el impacto en el mercado cambiario se hace más evidente.
