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San José, 26 may (elmundo.cr) – La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó al Gerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruíz, un informe sobre la decisión de suspender los internados para estudiantes del último año de su carrera en ciencias de la salud, debido a la situación crítica que atraviesa el país por la pandemia de covid-19.
Según conoce la Defensoría, el bloque de internado se verá suspendido hasta el día 7 de agosto del 2021, siempre y cuando el escenario epidemiológico lo permita.
En razón de lo anterior y conscientes de la situación sanitaria que enfrenta el sistema hospitalario por la alta demanda de servicios, resulta de importancia para la Defensoría de los Habitantes conocer las razones estimadas para esta decisión; además de que se analice la posibilidad de que dichos estudiantes sean considerados dentro de los grupos más próximos de vacunación, estimando que su estancia en los centros de salud podría constituirse en un recurso humano de utilidad, en la atención de los pacientes que requieren de servicios hospitalarios.
Asimismo, la Defensoría pidió a las autoridades informar las razones por las cuales este sector fue incluido en el grupo 5 de acuerdo al orden de prelación técnicamente definido, ya que: “NO vacunar a internos en medicina y sí vacunar personal de oficina, nos hace dudar sobre las prioridades en la vacunación”, manifestó Crespo.
Además, desde la Defensoría destacaron que en momentos en que el país ha recibido la mayor cantidad de vacunas por parte de las casas farmacéuticas con las que el gobierno ha suscrito contratos, no se justifica la no-vacunación de un sector estratégico en la contención de la pandemia y la atención de otros servicios médicos que también son de “vida o muerte” para las personas pacientes. Tampoco es justificable que más de 600 médicos internos que están en disposición de sumarse al sector hospitalario, para coadyuvar en la protección y defensa del derecho a la salud, en beneficio de cientos de pacientes, por decisiones de naturaleza burocrática, no sean vacunados y por ende no puedan apoyar en la lucha contra el Covid-19. Lo cual, desde la Defensoría, se critica con vehemencia.