San José, 22 mar (elmundo.cr) – La jefa de fracción de Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, criticó que “en este país democrático libre e igualitario hay dos clases de costarricenses, los de primera y los de quinta categoría”.
Según la diputada “la mayoría por supuesto somos los de quinta categoría obligados a pagar privilegios y gollerías de una pequeña pero poderosa casta de funcionarios que se declaran independientes en su administración, pero que no tienen ningún empacho en estirar la mano todos los años para que los ciudadanos paguemos ₡2.7 billones en salarios”.
“La nueva ley de empleo público es una prueba más de que esos costarricenses de primera categoría van a impedir a toda costa cumplir el objetivo de esta ley, y ¿cuál es el objetivo?, acabar con las enormes diferencias de salarios entre los mismos trabajadores del Estado donde por supuesto también hay empleados de primera y de quinta categoría”, agregó.
Cisneros explicó que la misión de esta ley es “traer justicia, es decir que a igual trabajo haya igual paga”, por lo que mostró las grandes diferencias que existen entre los salarios de los trabajadores públicos.
La diputada explicó que “fue la Sala IV la que abrió el portillo cuando dijo que era inconstitucional que Mideplan fije el salario global de los funcionarios con labores exclusivas y excluyentes en instituciones que tenían autonomía constitucional, obviamente se referían a trabajos muy especializados, como un magistrado, un cardiólogo infantil, un catedrático, un médico forense o experto en legislación laboral”.
“Pero ojo hecha la ley hecha la trampa y en este momento hay 74 instituciones que dicen que todos los puestos de sus trabajadores son exclusivos y excluyentes y por lo tanto ellos mismos se van a fijar sus salarios globales, partiendo claro está, de sus inflados sueldos”, aseveró.
Cisneros insistió “qué tiene, sin quitarle méritos, de exclusivo y excluyente la labor de una secretaria, de un contador, de un periodista, o de un chofer”.
“Nadie se va a escapar de aplicar la ley de empleo público, entonces burlan la ley fijándose sus propias escalas salariales, privilegios que por cierto inflan los salarios a tal punto que somos el país de la OCDE que más gastamos en salarios”, criticó.
Finalmente, la legisladora indicó que las “instituciones de primera categoría que no se quieren someter a esto son todas las universidades públicas, el Poder Judicial, el TSE y la mayoría de las municipalidades, justamente donde se concentran los salarios más altos”.
