
San José, 07 jul (elmundo.cr)- El bufete de abogados Energy Law Firm (ELF) especializado en derecho ambiental, presento una demanda ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y solicitó una medida cautelar contra el Estado costarricense y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
De acuerdo con el abogado Walter Brenes, la intención es que se obligue al Sinac y al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) a desarrollar un estudio científico que determine si en el país existe o no sobrepoblación de cocodrilos, pues asegura que dichas instituciones no han llevado a cabo una investigación “con base en protocolos y procedimientos biológicos pertinentes”.
Aunado a ello, detalló que en la actualidad Costa Rica no cuenta con información concluyente en esta materia porque, entre otras razones, el Sinac ha mantenido una actitud “negligente” sobre esta materia.
“Hasta el momento no se cuenta con informes ni estudios que nos indiquen el estado de la población de cocodrilos en el país y; por esa razón, no se pueden tomar medidas claras que protejan la seguridad de los bañistas en playas y ríos, lo cual es sumamente grave porque se está poniendo en riesgo la vida de miles de personas que visitan esos sitios”, afirmó Brenes.
Prueba de ello, es que en el último año se produjo un ataque de cocodrilo en Playa Tamarindo donde la mordedura de uno de esos reptiles obligó a amputarle parte de la pierna a un surfista estadounidense. Además, en las últimas semanas se han dado una serie de avistamientos de cocodrilos en las Playas Bajamar, Tambor y Esterillos.
“Hasta el momento el Estado ha tenido una actitud sumamente pasiva en cuanto a este tema, ni ellos mismos cuentan con información suficiente para proceder a implementar planes de manejo de la especie con criterio técnico”, manifestó Brenes.
Además, el pasado 27 de junio pasado el abogado presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Tránsito para que se tomen medidas encaminadas a resguardar la seguridad de las personas que se detienen en el puente sobre el río Tárcoles para mirar los cocodrilos.