San José, 25 jun (elmundo.cr) – Costa Rica no avanza con la rapidez que requiere para resolver los problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario.
Situaciones como la sobrepoblación y el hacinamiento, la ausencia de infraestructura adecuada para alojar a la población privada de libertad indiciada y sentenciada y, la falta de recurso humano profesional y de seguridad, son los principales obstáculos que mantiene el país sin ofrecer una respuesta efectiva y permanente.
El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con sede en la Defensoría de los Habitantes, señala que en Costa Rica 8.194 de las personas privadas de libertad son personas jóvenes menores de 35 años, de estratos socioeconómicos bajos y pertenecientes a núcleos familiares inestables, que implica el 57,11% de toda la población privada de libertad a nivel nacional.
Este dato concuerda con el alto porcentaje de personas jóvenes que han sido con-denadas en la última década, dado que aproximadamente el 60% de las personas condenadas es también menor a 35 años.
En materia de sobrepoblación, el sistema penitenciario en 2017 registra una capacidad para 10.927 personas, siendo que la población recluida llega a los 14.223, lo que implica una sobrepoblacion absoluta de 3.296 personas para una densidad penitenciaria del 130.2 personas por cada 100 espacios.
Otro dato que llama la atención es que, por primera vez, en tres años, se presenta una disminución de la población ubicada en el Nivel Semi Institucional, siendo que la misma disminuyó en 467 personas. No obstante, no deja de ser preocupante el altísimo aumento en la población indiciada, la cual en cuestión de un año aumentó un 22%, valor altísimo para un grupo poblacional que se había mantenido porcentualmente estable durante 2 años.
No se pueden precisar las causas del aumento en las personas presas sin condena, aunque se podría suponer un abuso en el uso de la prisión preventiva por parte de las autoridades judiciales, en tanto entre el 30% y 40% de las personas que son enviadas a prisión preventiva cumplen periodos menores a un mes cárcel. De los datos anteriores, se puede afirmar que el sistema penitenciario costarricense continúa en crisis, y deben continuarse los esfuerzos para disminuir la sobrepoblación.
El Informe Anual del Mecanismo también indica que las medidas cautelares de prisión preventiva dictadas por los Jueces Penales por periodos cortos de tiempo indica que la medida cautelar de prisión preventiva se continúa aplicando de manera generalizada.
El Mecanismo también realizó una alerta a las autoridades del Estado costarricense debido a que desde hace siete años los centros institucionales viven en hacinamiento, siendo que las soluciones no han sido sostenibles.
Inspecciones en otros centros
Durante el período 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también realizó inspecciones en centros penitenciarios, delegaciones y subdelegaciones del Organismo de Investigación Judicial, Delegaciones y Subdelegaciones de la Fuerza Pública, Centro para personas migrantes en condiciones irregulares y policías municipales.
Con respecto a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Fuerza Pública aún no se ha tomado conciencia de la magnitud de la importancia de tener al día, en orden y bajo un control adecuado, los libros de registros de las personas detenidas.
Además, se sigue presentando casos de permanencia de personas detenidas por más de seis horas en las celdas de la Fuerza Pública, pues son lugares exclusivamente de tránsito debido a que carecen de condiciones mínimas para la atención de esta población.
Otro aspecto que se verificó fueron las condiciones de infraestructura de al menos 10 de las 23 Delegaciones Cantonales y Distritales visitadas durante el 2017, las cuales no están en condiciones adecuadas, y que requieren su intervención.
En cuanto a buenas prácticas se reconoce los esfuerzos realizados por el Ministerio de Seguridad Pública, y en particular por la Dirección General de Fuerza Pública, en realizar un proyecto de remodelación a la Delegación Cantonal de Golfito y la Delegación Distrital de Paso Canoas, los cuales incluyen dormitorios, áreas comunes, oficinas, armería, cocina, celdas de aprehensión, entre otras obras. Estos esfuerzos procuran brindar mejores espacios al personal policial y a las personas usuarias.
En lo que respecta a las Policías Municipales, el Mecanismo ha observado la creación de éstas por parte de Concejos Municipales sin dotarlas de presupuesto necesario para la atención de servicios básicos para el proceso de detención, y la ausencia de capacitación con énfasis en derechos humanos del personal.
Por otra parte, la permanencia de personas por largo tiempo en celdas del Organismo de Investigación de Judicial, las cuales son de ubicación transitoria, y en algunos casos en situación de hacinamiento, es un hallazgo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura observó durante las inspecciones.
La labor de monitoreo que realiza este Mecanismo se constituye en una herramienta fundamental de trabajo para prevenir los malos tratos y la tortura en los centros de detención. El enfoque preventivo del trabajo, además de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad mediante sus recomendaciones, establece el diálogo con las autoridades para contribuir y colaborar con la reducción de los riesgos de los malos tratos y la tortura en los centros de detención.
