San José, 7 jun (elmundo.cr) – Costa Rica formalizó su reclamo económico ante Nicaragua por los daños ambientales ocasionados por las labores de dragado ilegales en Isla Portillos, cuya soberanía tica fue ratificada por la Corte Internacional de Justicia el pasado 16 de diciembre.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en un comunicado de prensa, hoy el país, en representación del embajador en el Reino de los Países Bajos, Sergio Ugalde, comunicó al embajador nicaragüense Carlos Arguello que el país reclama 6 millones de dólares (unos 3270 millones de colones)
Las labores ilegales de dragado en Isla Portillos causaron daños ambientales que la Corte de La Haya ordenó a Nicaragua pagarle a Costa Rica.
El país también reclamará los gastos en los que incurrió al tener que enviar personal policial a lo que era en la zona en disputa, que había sido tomada por personal militar nicaragüense.
El área dañada por el dragado ilegal por parte de Nicaragua está protegida bajo la Convención de RAMSAR sobre Humedales.
“Expreso mi deseo de que Nicaragua responda positivamente al trabajo serio y fundamentado hecho por Costa Rica, para que en forma definitiva se pueda cerrar este capítulo y ambos países puedan, eventualmente, retomar la senda de buena vecindad y hermandad, sin necesidad de recurrir nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo en el comunicado el Canciller costarricense Manuel González.
La Corte de La Haya ordenó a Costa Rica y Nicaragua negociar en un plazo de 12 meses siguientes a la fecha en que se dictó la sentencia, el monto que el país del norte debe pagarle a Costa Rica, ya que de lo contrario serán los propios jueces de la Corte quienes lo fijen.
Cancillería costarricense afirmó que le tomó seis meses posteriores al dictado de la sentencia determinar el monto final del reclamo.
En las labores para determinar el costo final participaron instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Área de Conservación Tortuguero, Ministerio de Seguridad Pública y Comisión Nacional de Emergencias.
El costo del daño ambiental fue calculado por la Fundación Neotrópica, que donó el trabajo al Estado de Costa Rica.
