Costa Rica pelea para evitar caer en lista sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.
La delegación costarricense la encabeza el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Foto: Casa Presidencial.

San José, 8 may (elmundo.cr) – Costa Rica dará a partir de este lunes y hasta el próximo jueves una batalla para evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluya al país en una lista gris, sobre naciones que no colaboran en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La delegación será encabezada por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien deberá defender a Costa Rica durante el careo que se hará entre el país y la GAFI, para defender los avances realizados.

“Nuestro país aún presenta debilidades y debe avanzar en el fortalecimiento de algunos marcos regulatorios. Tal es el caso del requerimiento de aprobación del proyecto de ley 19.951, iniciativa que introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas”, dijo Casa Presidencial.

Si bien la iniciativa fue aprobada en primer debate semanas atrás, su vigencia como Ley depende ahora de que la Sala Constitucional le dé el visto bueno y sea aprobada en segundo debate.

“El ideal hubiera sido llegar a este “cara a cara” con el 19.951 aprobado, no obstante, continuamos con el propósito de presentar todo lo que ha avanzado nuestro país y el compromiso al más alto nivel que tiene Costa Rica por cumplir los estándares que exige GAFI. De igual forma estamos esperanzados en que el proyecto de ley se aprobará antes de la próxima Plenaria de Representantes de GAFI que se realizará en junio del presente año, donde se revisará de nuevo la situación de Costa Rica”, aseguró el Ministro de la Presidencia.

El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8.

La GAFI fija estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.

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