San José, 20 dic (elmundo.cr) – El Estado de Costa Rica pagará más de 176 millones de colones para evitar un nuevo juicio por los daños y perjuicios ocasionados por haber prohibido durante 16 años la aplicación de la Fertilización in Vitro.
Dicho pago consiste en una compensación de $25.000 dólares a cada una de las 12 personas que se vieron afectadas por la decisión adoptada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000, así como $15.000 dólares adicionales por honorarios de los abogados.
La compensación es parte un acuerdo amistoso al que llegó Costa Rica con un segundo grupo de personas afectadas por la no aplicación de la Fertilización in Vitro en el país.
Hoy la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) aceptó el acuerdo entre las partes, que además incluye un reconocimiento por parte de Costa Rica de que la medida adoptada a inicios del siglo XXI violentó derechos fundamentales de esas personas.
Costa Rica había sido condenada tras el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, en el año 2012. En esa ocasión la Corte ordenó a nuestro país legalizar la aplicación de la técnica, algo que no ocurrió desde el seno de la Asamblea Legislativa, por lo que el Presidente Luis Guillermo Solís emitió a finales del 2015 un Decreto Ejecutivo en el que legalizó la Fertilización in Vitro.
Dicho decreto sería más tarde declarado inconstitucional por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que el tema era reserva de Ley, sin embargo la Corte IDH dijo que el decreto era legal y lo revivió.
http://www.elmundo.cr/corte-idh-homologa-acuerdo-costa-rica-familias-demandantes-la-fiv/
Mediante un comunicado de prensa, Casa Presidencial dijo que esto evita la realización de un nuevo juicio en contra del país, a la vez que reconoce y corrige las violaciones de derechos humanos que ocasionaron la condena en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica.
En el acuerdo, Costa Rica reconoce haber transgredido los derechos humanos de las víctimas y del daño causado por la inacción del Estado, antes de la regulación de la FIV. Asimismo, acepta la vigencia y obligatoriedad del Decreto 39210-MP-S, que regula la FIV y la transferencia embrionaria, incluida la necesidad de prestar dicho servicio por parte de la CCSS y se compromete a establecer programas de formación en derechos humanos, no discriminación y respeto de la autonomía de la voluntad.
Marvin Carvajal, Director Jurídico de la Presidencia de la República dijo que el acuerdo es producto de un proceso de diálogo entre las parejas y los representantes estatales, quienes siempre han externado la voluntad del Gobierno de garantizar el respecto a los principios que incorpora la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los Agentes del Estado de Costa Rica en este proceso fueron además de Marvin Carvajal; Eugenia Gutiérrez Ruiz, Directora Jurídica Adjunta de la Cancillería y Viviana Benavides Hernández, Asesora Jurídica de la Presidencia.
