Costa Rica orienta acciones para mejorar la lucha contra la pesca ilegal

San José, 5 jun (elmundo.cr) – En la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR), las autoridades del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, (INCOPESCA), el Viceministerio de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente, la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica, el Servicio Nacional de Guardacostas y la organización no gubernamental Conservación Internacional, compartieron un espacio de intercambio de ideas y acciones en materia de combate a la pesca ilegal y otros delitos contra la regulación pesquera.

“Reconocemos la importancia que como país aunemos esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en nuestros territorios marinos del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Ningún esfuerzo que haga el país para ordenar sus pesquerías y aprovechar la riqueza del mar o proteger su biodiversidad tendrá éxito realmente, si no viene asociado con un esfuerzo concertado de luchar, desincentivar y acabar con este flagelo, que tiene el potencial de socavar nuestra riqueza pesquera y nuestra biodiversidad, agudizar los problemas de pobreza y la malas capturas que enfrentan nuestros pescadores”, declaró Daniel Carrasco, presidente ejecutivo del INCOPESCA.

Algunas de las actividades más habituales de la pesca INDNR son operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura.

Estas prácticas amenazan la sostenibilidad de los mares, poniendo en riesgo los medios de vida de las familias que dependen de la pesca, especialmente de los pescadores artesanales, no solo de Costa Rica, sino que es común a todos los países ribereños alrededor del mundo. Se estima que cada año, la pesca INDNR suma capturas de hasta 26 millones de toneladas en todo el mundo, con un valor que llega a 23 000 millones de dólares.

Este es un problema también para las Áreas Marinas Protegidas, porque impacta negativamente los esfuerzos de conservación de nuestra biodiversidad marina, que realiza el estado a través del Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y la academia.

Entendiendo esta situación, Haydée Rodriguez Romero viceministra de Aguas y Mares del MINAE, señala la importancia de la coordinación interinstitucional para el control y vigilancia de los espacios marinos costarricenses. “Hoy más que nunca, es indispensable que las instituciones involucradas trabajemos en conjunto para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Mediante el fortalecimiento de las medidas de control y vigilancia en nuestras aguas jurisdiccionales, podemos gestionar y supervisar de manera más efectiva las actividades que realizan los diferentes usuarios en el mar. Esto permite una distribución equitativa de los beneficios que brindan los ecosistemas marinos y costeros”, agregó la viceministra.

“Para Conservación Internacional, el problema de la pesca INDNR resume el reto que enfrentamos nacional y globalmente para una gestión efectiva de nuestros océanos. Nuestros mares proporcionan múltiples servicios a nuestra sociedad y lograr hacer el balance entre estas prioridades es un reto complejo que no se lograra alcanzar sin colaboración. Desde esa perspectiva, en Conservación Internacional nos hemos enfocado en apoyar a nuestras autoridades al facilitar acceso a herramientas tecnológicas para el control y vigilancia de nuestros mares, así como en generar capacidades y compartir conocimientos para avanzar hacia esa gestión integral”, aseguró Ana Gloria Guzmán, directora ejecutiva de la organización.

En este sentido, Carrasco Sánchez aprovechó la oportunidad para referirse al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo con apoyo del Banco Mundial, que procura mejorar el manejo del recurso pesquero, aumentando los beneficios económicos para el país, pero sobre todo para las personas de las comunidades costeras, fortaleciendo además la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero y acuícola.

Se trata de una iniciativa que se desarrollaría mediante un empréstito del Banco Mundial, entidad que apoyó la construcción y elaboración del estudio de prefactibilidad del proyecto. “En total, se estarían invirtiendo más de 72 millones de dólares, en un proceso que incluye el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la reforma de marcos normativos, y otras acciones del sector público necesarias para mejorar la gestión de las pesquerías prioritarias costeras y oceánicas, para orientarlas hacia la generación de mayor valor económico para el país, el registro de embarcaciones, investigación científica, monitoreo, control y vigilancia de la pesca ilegal, y generación de información pesquera y acuícola mediante el uso de la tecnología, entre otras”, indicó Carrasco.

Además de esto, Costa Rica ha evidenciado su compromiso adoptando e implementando diversos instrumentos internacionales y directrices, tal es el caso de su adhesión en el 2015 al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (AMERP) promovido por la FAO.

El AMERP tiene como objetivo prevenir, disuadir y eliminar esta práctica a través de la prohibición a los buques que la practican de atracar en sus puertos para desembarcar sus capturas o acceder a servicios portuarios, desincentivando así estas operaciones ilegales.

“Costa Rica está trabajando de manera constante en fortalecer la capacidad nacional para luchar de forma eficiente y eficaz contra la pesca INDNR, por lo que desde la FAO en el marco del programa mundial de desarrollo de capacidades para la implementación del AMERP y la lucha contra la pesca INDNR, junto con el INCOPESCA, se generan esfuerzos para garantizar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, comentó Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante de Costa Rica.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible resalta la trascendencia de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y acabar con la pesca INDR, asimismo de establecer planes de gestión sostenible, compromisos asumidos por el país.

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