San José, 4 jun (elmundo.cr) – El tribunal del arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd.
La empresa Infinito Gold reclamaba casi $400 millones porque se le canceló la concesión del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Esta decisión fue informada este viernes por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Ambiente mediante un comunicado.
En 2014 inició el proceso planteado por la compañía contra Costa Rica, basado en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.
El tribunal determinó en su fallo que “Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias”.
“Es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”; pero que al tomar esa decisión se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación.
“Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas”, agrega el fallo.
Además, el tribunal concluyó que “Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización”.
Según informaron el equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior, e integrado por funcionarios de varios departamentos del Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas y la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer.
