Washington, 27 dic (elmundo.cr) – Costa Rica deploró “la escalada represiva” en Nicaragua y le recordó “su obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, así como la innegable necesidad de reabrirse al diálogo”.
Así lo denunció en su intervención Antonio Alarcón Zamora, representante alterno de Costa Rica, en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada este jueves 27 de diciembre en Washington.
La sesión fue presidida por la representante permanente de Costa Rica ante la OEA, embajadora Montserrat Solano Carboni.
El gobierno de Costa Rica reiteró su respaldo y solidaridad con los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que han documentado el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Al mismo tiempo, expresó su “total rechazo y repudio” a la expulsión el pasado 18 de diciembre de Nicaragua de esos mecanismos por parte del gobierno de Nicaragua.
La representación de Costa Rica hizo un “nuevo y vehemente llamado para el cese inmediato de la represión gubernamental” y exhortó al Gobierno de Nicaragua “a dar muestras fehacientes de respeto a los acuerdos alcanzados con los mecanismos antes mencionados”.
“Costa Rica, como país de paz, hace un llamamiento a la comunidad internacional para sumar esfuerzos multilaterales tendentes a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, la reapertura del diálogo para restablecer la paz, el entendimiento, proteger la integridad del sistema democrático y promover la normalización de la institucionalidad en ese país”, expresa el texto de la intervención en el seno de la OEA.
Costa Rica propuso al Grupo de Trabajo y a la Secretaría General de la OEA a trabajar sobre la base de las recomendaciones del GIEI para identificar una posible hoja de ruta; y para ello requiere del Estado Nicaragüense, en consonancia con el Principio de Buena Fe, abrir las puertas a la colaboración y al diálogo.
En sus conclusiones “el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente deben investigarse los casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada. Ante ello, Costa Rica condena las acciones del gobierno de ese país”, dijo el representante alterno de la Embajada de Costa Rica ante la OEA.
