San José, 15 mar (elmundo.cr) – Durante los próximos 29 años, Costa Rica invertirá en promedio ¢10 mil millones de colones cada año, para sanear las aguas residuales.
Así lo establece la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016-2045 lanzada esta semana por el Gobierno de Luis Guillermo Solís, en lo que es la primer política de este tipo a largo plazo en el país.
“Costa Rica debe tener una ruta clara para el saneamiento de las aguas residuales, la cual permita seguir estableciendo las bases necesarias que le den a la ciudadanía la certeza de que las instituciones tienen claridad de cómo atender y resolver problemas que tienen incidencia directa con su salud, bienestar y calidad de vida”, dijo el Presidente Luis Guillermo Solís en un comunicado de prensa.
La política fue redactada entre el Ministerio de Salud, AyA, MINAE, MIDEPLAN, Municipalidades, ASADAS y Universidades.
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados manifestó que la política marca el inicio de cambios estructurales en el país, frente al atraso en el tratamiento de las aguas residuales.
Entre los primeros proyectos para sanear esas aguas se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos” que empezó operaciones en el año 2015. En la actualidad las autoridades trabajan en ampliar la red de alcantarillado de esa planta en 11 cantones, lo que implica la colocación de 360 kilómetros de tuberías de aquí al año 2021.
Adicionalmente, otros proyectos en las ciudades de Playas del Coco, Nicoya, Puntarenas, Jacó, Quepos, Golfito, Puerto Viejo, Moín y el centro de Limón están en sus fases de factibilidad. Hacerlos realidad demandará $175 millones de dólares.
De acuerdo con el Gobierno, el Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento responde a la estimación de las necesidades de recursos e inversión según las metas de los próximos 30 años, valorando dos escenarios: cumplir con las metas de cobertura definidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, cuyo año límite es el año 2030 y el segundo, cumplir con las metas de cobertura de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales al año 2045.
