San José, 15 jul (elmundo.cr) – El Gobierno de la República informó que Costa Rica triunfó en el laudo interpuesto por Infinito Gold por el monto de 394,8 millones de dólares estadounidenses más intereses.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) le notificó la noticia al Ministerio de Comercio Exterior este lunes.
Este es el caso más cuantioso que se ha presentado en contra del Gobierno de Costa Rica.
El Tribunal arbitral concluyó que era improcedente adjudicar daños a favor de la empresa Infinito Gold Ltda.
Ante esto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, giró la orden al Ministerio de Seguridad Pública de iniciar inmediatamente una operación policial especial para proteger la zona de Crucitas.
Mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se encuentra preparando las acciones legales necesarias para proteger el oro de Crucitas y aprovecharlo responsablemente para el beneficio general del país. Algunas de esas acciones requerirán aprobación legislativa.
Fuerza Pública iniciará operativo policial
A partir de mañana, la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública iniciará con el operativo policial especial ordenado por el presidente Chaves.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, viajará a primera hora de este martes a Crucitas para coordinar personalmente el operativo.
En la zona se mantienen operaciones constantes de la policía luego de los constantes saqueos ilegales, enfrentamientos y la venta de oro que se reportaba.
Antecedentes del Laudo
La tensión en la zona inició en 2010 cuando la constructora canadiense Industrias Infinito Gold intentó construir una mina de oro a cielo abierto.
Este proyecto fracasó luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo lo frenara por presuntas ilegalidades relacionadas con los permisos.
Desde esa fecha mineros ilegales, la mayoría de nacionalidad nicaragüense, se dedican a la extracción de oro en la zona, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.
Infinito Gold acudió al arbitraje internacional ante el Ciadi, una entidad del Banco Mundial con sede en Washington, en el año 2014, luego de agotar las instancias jurídicas costarricenses.
Tras una década de disputa, el Ciadi notificó el resultado del laudo en favor de Costa Rica.
