San José, 20 jul (elmundo.cr) – El Estado costarricense, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, suscribió este viernes el primer Acuerdo de Solución Amistosa de su historia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Acuerdo deriva del proceso propuesto por el Estado e iniciado oficialmente desde el 22 de enero de 2016, a partir de la anuencia de la peticionaria, Emilia Morales Campos.
En el documento se reconoce el activismo y la lucha de Morales y se suscribe sobre la base de los artículos 5 (derecho a la integridad), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 25 (garantías judiciales) y 26 (desarrollo progresivo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2.
La petición que origina el caso es una situación particular y excepcional, que antecedió al desarrollo actual del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) de Costa Rica y en un contexto donde no se le garantizó a Morales los mecanismos estatales mejorados, la orientación, ni tampoco el acompañamiento para acceder a las soluciones temporales o permanentes de vivienda.
Como medida de reparación específica, el Estado facilitará la entrega de una casa de habitación bajo el esquema de Bono Familiar de Vivienda del SFNV a la peticionaria.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda de Costa Rica ha venido en franca evolución y el Estado ha procurado brindar herramientas y mecanismos más claros de orientación para las personas que buscan soluciones de vivienda, particularmente las personas con alguna discapacidad.
“Con este Acuerdo, Costa Rica demuestra una vez más que, como Estado, está comprometido con los derechos de las personas y en particular con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La defensa del Estado costarricense, que ejercemos desde la Cancillería, tiene como visión que las instituciones públicas en efecto garanticen a las personas sus derechos, por lo que se procura que impere el Estado de Derecho que afortunadamente, en el caso del país, hace que el SIDH sea verdaderamente un instrumento complementario de las instancias nacionales”, afirmó la directora jurídica adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Eugenia Gutiérrez Ruiz.
