San José, 12 nov (elmundo.cr) – Costa Rica dio un paso decisivo en la transformación de su política habitacional con la firma de la Ley de Creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Expediente 24.410), normativa que dota a la institución de una base jurídica sólida como cartera ministerial, tras décadas de operar bajo un esquema limitado.
El acto oficial fue encabezado por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Vivienda, Guillermo Carazo Ramírez, en el Teatro Popular Melico Salazar, durante la conmemoración del 40 aniversario del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
La nueva legislación, aprobada de forma unánime por la Asamblea Legislativa el pasado 6 de octubre, otorga al MIVAH las competencias necesarias para ejercer una rectoría moderna. Según detalló el Ejecutivo, la ley permite articular con mayor criterio técnico y visión territorial el trabajo conjunto con el INVU, el BANHVI y los gobiernos locales.
“Con esta firma, Costa Rica da un paso histórico hacia la modernización de su política de vivienda. Consolidamos al MIVAH como un rector fuerte, con la solvencia técnica y política para articular al sector hábitat y construir soluciones reales junto a los territorios”, destacó el ministro Carazo.
Impacto en la ciudadanía
La normativa introduce cambios clave para la gestión pública:
- Transparencia y Prioridad: Fortalece los mecanismos para asegurar que los recursos públicos y los bonos de vivienda lleguen con mayor eficiencia a los hogares en situación de vulnerabilidad.
- Gestión de Terrenos: Faculta al ministerio para administrar el Sistema de Información de Terrenos del Estado (SITE), lo que brindará certeza jurídica en el uso del suelo y facilitará la integración sociourbana de asentamientos informales.
- Adaptabilidad: Promueve el diseño de soluciones habitacionales ajustadas a las particularidades climáticas y geográficas de cada región del país.
El proyecto, impulsado originalmente por la exdiputada Paola Nájera Abarca, busca superar la fragmentación institucional que, según expertos y autoridades, dificultaba la atención integral de las necesidades habitacionales. La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
