San José, 18 ago (elmundo.cr) – Costa Rica continúa siendo por sexto año consecutivo, el país de Centroamérica que más destina presupuesto para el Poder Judicial, por cada habitante.
Así lo revelan los datos recopilados por el más reciente Estado de la Región 2016, elaborado por el Programa del Estado de la Nación.
De acuerdo con las cifras, nuestro país destinó durante el año 2015, al Poder Judicial, un total de 133,1 dólares por cada uno de sus 4,8 millones de habitantes. La cifra es un 60% superior a la que se destinaba en el año 2014.
La cifra es la más alta de la región, tomando en cuenta que el resto de países centroamericanos, a excepción de Panamá y Belice, tienen mucha más población que Costa Rica.
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Sin embargo, y pese a que el Poder Judicial ha recibido mayores recursos con el pasar de los años, lo cierto es que esto no se ha visto traducido en mayores índices de seguridad en nuestro país, salvo algunos años excepciones.
Por ejemplo, en el año 2010 la tasa de homicidios en Costa Rica llegó a 11,6 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud califica como una “epidemia” la violencia cuando la tasa de homicidios supera los 10,0 por cada 100.000 habitantes en un determinado país.
Para el año 2011, la tasa de homicidios fue de 10,3 por cada 100.000 habitantes y bajó a 8,7 en el año 2012 y 2013.
Sin embargo, durante el año 2014 la tasa de homicidios aumentó sustancialmente hasta los 10,0, mientras que para el 2015 llegó a 10,9 por cada 100.000 habitantes.
Las cifras económicas corresponden al presupuesto del Poder Judicial en Costa Rica y en Honduras, mientras que en Nicaragua se toma la cifra de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de El Salvador y Panamá se analiza el dato del presupuesto al Órgano Judicial, mientras que en Guatemala al Organismo Judicial.
La cifra comprende las partidas destinadas a la administración del Poder Judicial.
En el dato correspondiente a Costa Rica también se incluyó las partidas destinas a la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Medicatura Forense, Departamento de Atención de Víctimas y Testigos y las pensiones de los ex empleados del Poder Judicial, pero se excluyó, para efectos de comparar entre países, la partida del Ministerio Público.
Para El Salvador se incluyó el dato del Instituto de Medicina Legal; en Honduras el presupuesto de la Dirección Nacional de Defensa Pública y la Dirección de Contraloría del Notariado; en Nicaragua los recursos a la Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, y el Programa de Inscripciones y Certificaciones; mientras que en Panamá se Dirección de Escuela Judicial, Instituto de Defensoría de Oficio y el Departamento de Asistencia Legal Gratuita para Víctimas del Delito.
Otros datos que arrojó el estudio del Estado de la Región fue que entre los años 2010 y 2013, y con las excepciones de El Salvador y Honduras, disminuyó el total de casos ingresados en primera instancia a los sistemas de administración de justicia en las materias penal, laboral, civil y de familia.
En Costa Rica la cifra fue cuatro veces mayor que la de los demás países, que son mucho más grandes y poblados.
Además, a nivel regional, un 39% de las personas que han sido víctimas de un delito dijeron en 2012 que la delincuencia, la inseguridad, la violencia, las pandillas o el narcotráfico son los problemas más graves que enfrentan los países.
35% de la población urbana ha limitado los lugares donde realiza compras o actividades recreativas, y un 15% dijo que, por la misma razón, ha sentido la necesidad de cambiarse de barrio.
Finalmente, la manifestación o protesta pública ha crecido en la región. Entre 2008 y 2013 se registró un total de 14.122 acciones colectivas. La mayoría de ellas se dio en Nicaragua (3410), seguida por Costa Rica (2776). Los sectores que más se manifiestan son los trabajadores (29%) y los grupos de vecinos (15%).
