San José, 13 nov (elmundo.cr) – Costa Rica destina más recursos al pago de intereses para cubrir deudas anteriores que, a la inversión pública en infraestructura como escuelas, centros de salud y carreteras, señala el Informe Estado de la Nación 2018.
Un factor determinante del grado de ajuste requerido para sanear las finanzas públicas es el gasto del gobierno, según el informe este indicador creció un 9,1%, representando un 21% del PIB.
Entre el 2016 y el 2017 el pago de intereses pasó de 21% a 26%, lo que refleja una mayor necesidad de financiamiento y adquisición de la deuda pública por falta de solvencia.
Aunque el congelamiento de plazas y la baja inflación, durante los últimos cuatro años, permitieron llevar el rubro de tasas de crecimiento a un dígito; sin embargo, aún representa una parte significativa del gasto total (20%).
Entre 2016 y 2017, el aporte de las transferencias pasó de 47% a 37%, son el principal renglón de gasto.
El informe indica que dos terceras partes (67%) de las transferencias al sector público se concentran en tres sectores: educación, salud y protección social.
Un 40% de estas transferencias se destina al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Universidad Técnica Nacional (UTC) y el Fondo Nacional de Becas.
En el caso del sector salud incluyen las pensiones del régimen no contributivo y las cuotas del Gobierno a la CCSS (como patrono y como aporte al aseguramiento de los trabajadores independientes y voluntarios).
El tercer sector, la protección social, agrupa las transferencias al Fodesaf, el IMAS y el PANI.
Mientras que los intereses representan un 15% del gasto total del Gobierno Central, pero muestran un rápido crecimiento
Este aumento se puede atribuir en gran medida a un mayor endeudamiento, dado que la variación de la tasa de interés fue leve, indica el informe.
El informe si reconoce como un aspecto relevante que el Ministerio de Hacienda ha asumido mayores riesgos en la gestión de la deuda, dado que la falta de solvencia fiscal reduce su margen de acción.
Las remuneraciones del Gobierno Central son el segundo factor de mayor peso en el gasto (34%) y generan presiones especialmente debido al pago de incentivos salariales.
En 2017, estos representaron “un 45,9% del gasto total en remuneraciones, mientras que las anualidades o retribuciones por años servidos absorbieron un 11%”, señala el informe.
En el caso de las anualidades, se incrementan más rápido que el salario base dentro de la remuneración total. Por lo que fue importante la medida realizada por la Administración Alvarado Quesada de variar la retribución a la antigüedad en el gobierno central.
