San José, 16 nov (elmundo.cr) – Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer los resultados del informe publicado a inicios de octubre por la OCDE sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y la experiencia de las personas usuarias.
De acuerdo con el estudio, “7 de cada 10 personas consideran que el procedimiento que siguieron para resolver un conflicto fue justo y equitativo”, mientras que “8 de cada 10 concluyeron que su proceso quedó totalmente resuelto”.
Asimismo, Costa Rica ocupa “el primer lugar entre los países de la OCDE que fueron evaluados en cuanto a acceso a mecanismos para resolver problemas legales como juzgados, la mediación y el arbitraje”.
La jerarca también destacó que el informe “destaca el trabajo del Poder Judicial para conocer la experiencia de las personas usuarias” y que, a través de la Contraloría de Servicios, se ha registrado “un 73% de satisfacción general”. “Son resultados que interesa destacar porque reconocen las fortalezas en nuestro sistema de justicia”, manifestó Vargas.
En su mensaje, la presidenta agradeció a “todas las personas funcionarias judiciales que trabajan con esfuerzo y dedicación, no por la institución, sino por la justicia, el país y quienes viven en él”.
Sin embargo, fue enfática al señalar que “este informe favorable no significa que todo esté resuelto”, y reconoció que la institución tiene “desafíos importantes, especialmente en la reducción del rezago y en lograr procesos que sean más ágiles y más eficientes”. “Tengan ustedes plena seguridad de que estamos trabajando en esto”, afirmó.
En el ámbito de la cooperación internacional, Vargas informó que el viernes anterior sostuvo una reunión con la embajadora de los Estados Unidos en el país, Melinda Hildebrand, con el propósito de “fortalecer nuestras alianzas de cooperación y dar continuidad al trabajo conjunto para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”.
“El Poder Judicial tiene una muy buena relación con la Embajada de los Estados Unidos de América y queremos conservarla y fortalecerla”, expresó.
La intención, agregó, es que esta alianza contribuya a “brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía, agilizar procesos judiciales” y continuar las acciones conjuntas que han dado resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, tarea en la que ha intervenido el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial.