San José, 10 mar (elmundo.cr) -“Si pudiéramos definir un balance sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país, deberíamos decir que es contradictorio. Pues mientras se cuenta con un marco jurídico importante, la realidad demuestra que la garantía efectiva de esos derechos enfrenta serias limitaciones y, a pesar de que esa normativa otorga más protección, las mujeres sufren cada vez más vulneraciones, lo que indica que aún falta mucho por hacer”. Así lo hizo ver la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Por ejemplo, en temas de violencia, los datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial son contundentes: para el 2020 se registraron 30 femicidios; sin embargo, para el 2025 la cifra ascendió a 36 mujeres (26 de las víctimas eran madres y 57 personas quedaron huérfanas, 39 de ellas menores de edad); y, en lo que llevamos del 2026, ya se contabilizan en Costa Rica 9 casos de muertes violentas de mujeres.
Adicionalmente, para el 2020 se registraron 114 tentativas de femicidio, las cuales para 2022 aumentaron a 137. Por su parte, entre 2018 y 2023 se solicitaron en promedio 142 medidas de protección por día y, a finales de 2025, había más de 42.000 medidas activas.
“Estos números reflejan un sistema sobrecargado, con brechas estructurales importantes; pero, sobre todo, reflejan que las acciones que el Estado ha tomado en estos años resultan insuficientes”, dijo la Defensora.
Agregó que el país debe superar el enfoque reactivo, pues el sistema está diseñado para responder a las necesidades de las mujeres después del daño y, bajo esa misma lógica, se ha establecido parte de la normativa. Por ello, es necesario tomar medidas para la prevención estructural por medio de la capacitación y sensibilización, la intervención temprana y la articulación real entre instituciones.
La Defensoría ha insistido en que sin una institucionalidad sólida no hay garantía de derechos para nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto además conlleva garantizar, como Estado, un presupuesto para la implementación de políticas públicas en el abordaje de las diversas temáticas, a efectos de que las acciones puedan ser sostenidas en el tiempo.
Así lo hizo ver también la semana anterior en su participación como ponente principal en las actividades a las que fue invitada por las Comisiones de Derechos Humanos de Tlaxcala y Guerrero, México, en las que compartió, por un lado, la situación del país en materia de derechos humanos de las mujeres y, por otro, los retos que enfrentan los sistemas educativos para garantizar entornos seguros y libres de violencia, particularmente para niñas, niños y adolescentes, así como las acciones que desarrolla la Defensoría en la vigilancia y promoción de este derecho.
Para el año 2023, del total de casos registrados por hostigamiento sexual, el 91,84% de las personas denunciantes fueron mujeres y un 57,85% eran menores de edad. Asimismo, respecto a las denuncias interpuestas por estudiantes en el Ministerio de Educación Pública en este ámbito, se identificó que la cifra fue de 181 casos para el año 2024; de 326 para el 2025 y, en lo que llevamos de 2026, se registran ya 35 casos. Estos datos nos obligan a reconocer que las escuelas y centros educativos no son espacios seguros ni igualitarios, y que particularmente nuestras niñas y jóvenes son las principales afectadas.
Gracias a su participación en estas actividades, la defensora intercambió buenas prácticas con diversos actores para la prevención y el abordaje integral de la violencia hacia las mujeres. Las actividades contaron con una importante participación de mujeres, entre ellas la gobernadora del estado de Guerrero, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tlaxcala, diputadas, diputados, autoridades jurisdiccionales y gubernamentales, así como con más de 900 asistentes.
Todo ello permitió fortalecer el intercambio de experiencias entre instituciones de derechos humanos, reconocer avances normativos de Costa Rica en la materia, así como deficiencias en diversos aspectos, identificar buenas prácticas, generar alianzas y visibilizar el trabajo que se realiza en Costa Rica en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.
Asimismo, estos espacios contribuyen al diálogo regional sobre los desafíos persistentes en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia, reafirmando la importancia de la cooperación y el aprendizaje mutuo entre instituciones defensoras de derechos humanos.
