San José, 12 feb (elmundo.cr) – Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizan la posibilidad de declarar un “Estado de Emergencia” dentro del Poder Judicial ante la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Con ello, buscan obtener recursos para financiar un plan de urgencia, para lo cual consultarán a la Contraloría General de la República sobre la viabilidad de utilizar un fideicomiso destinado a necesidades urgentes o imprevistas.
En la sesión de este lunes, la Corte acordó que las autoridades administrativas revisarán los presupuestos institucionales para identificar fondos que puedan redirigirse a medidas de seguridad.
Además, se consultará a la Contraloría si los magistrados pueden acceder al fideicomiso del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y San José.
Medidas adicionales y plan de emergencia
Los magistrados también aprobaron la implementación de un protocolo de “Persona atacante activa” y declararon obligatoria la capacitación en autoprotección. Las jefaturas deberán identificar al personal que no haya sido adiestrado en este tema y asegurarse de su formación inmediata.
Esta estrategia comenzó a delinearse desde la sesión de la Corte la semana pasada, cuando se encargó a la Presidencia de la Corte la elaboración de una propuesta para gestionar la crisis de seguridad, marcada por niveles inéditos de violencia y homicidios. Un caso que ha resaltado la urgencia de estas medidas fue el asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, el pasado 1 de febrero.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, advirtió que la declaratoria de emergencia requerirá recursos específicos para afrontar la crisis. Para ello, se realizó una sesión confidencial con Argili Gómez, directora jurídica a.i. del Poder Judicial, y funcionarios de la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales (UPRO), con el objetivo de evaluar la infraestructura, las necesidades de protección del personal judicial y los usuarios del sistema de justicia, y la elaboración de un acuerdo jurídico.
Consulta a la Contraloría y resolución de la Corte
Después de la sesión confidencial, los magistrados debatieron si debían aprobar un Plan de Urgencia utilizando el fondo de emergencias establecido en el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o si era necesario consultar a la Contraloría sobre la viabilidad de acceder a estos recursos sin un decreto ejecutivo. Veinte magistrados votaron a favor de realizar la consulta, mientras que uno se abstuvo.
Posteriormente, la magistrada Julia Varela propuso solicitar formalmente al Poder Ejecutivo que declarara una emergencia en materia de seguridad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 17 votos en contra y solo 2 a favor, ya que la mayoría consideró que era prematuro tomar esa medida sin antes conocer el resultado de la gestión ante la Contraloría.
La crisis de seguridad en el país ha llevado al Poder Judicial a considerar acciones sin precedentes para garantizar la protección de sus funcionarios y usuarios. La decisión final sobre la declaratoria de emergencia dependerá de la respuesta de la Contraloría y de la disponibilidad de recursos para ejecutar las medidas necesarias.
