San José, 29 mar (elmundo.cr)- La Corte Plena del Poder Judicial, habría solicitado a la Asamblea Legislativa la destitución del magistrado de la Sala de Casación Penal, Celso Gamboa Sánchez, por hechos que no le fueron imputados dentro del proceso administrativo DCP-01 seguido por este órgano contra el magistrado.
Fuentes de la Asamblea Legislativa aseguraron a elmundo.cr que se aprecia una gran discordancia entre los hechos imputados al magistrado y los que termina demostrando como probados el Órgano Instructor conformado por el magistrado de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez.
El hecho más grave señalado al magistrado Gamboa era haber intervenido en causas en las que se juzgaba al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y el haber intercedido ante el entonces fiscal general, Jorge Chavarría para lograr una resolución favorable.
No obstante, el propio fiscal fue enfático al señalar que Gamboa siquiera le mencionó el nombre de Juan Carlos Bolaños Rojas, situación en la que coinciden los fiscales Ricky González Farquharson, Berenice Smith Bonilla y Susy Pollete Ávila los cuales descartaron cualquier tipo de intervención por parte del magistrado o a través de alguno de sus letrados como lo sugiere el informe de la Corte Plena.
Al mismo tiempo la Corte Plena no logró acreditar ninguno de los hechos endilgados a Gamboa por la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios que funciona en la Asamblea Legislativa.
La Corte Plena señala interés indebido de Gamboa por haberle indicado la dirección de una oficina al empresario y de acuerdo a este órgano esto pone en duda la credibilidad del Poder Judicial, sin embargo, para la fecha de los hechos (18 de abril de 2017) no pesaba ningún tipo de Investigación en contra del empresario Bolaños Rojas, siendo además que Gabriela Quirós, coordinadora de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción declaró ante la Corte que Gamboa nunca le solicitó algún trámite en favor del empresario Bolaños. Pese a ello, la Corte Plena indica que el haber dado la dirección de la oficina constituye un interés indebido por parte del magistrado.
Del mismo modo la Corte sanciona al magistrado por salir del país estando en vacaciones y encontrarse con una mujer que no era su esposa y según el ente, esto atenta contra las buenas costumbres y la majestad del cargo de un magistrado.
Finalmente la propia fiscal encargada del expediente bajo el cual se mantiene en prisión preventiva al empresario Juan Carlos Bolaños y al directivo del BCR, Mario Barrenechea, señaló que ni siquiera conocía personalmente al magistrado Gamboa.
Al mismo tiempo fue descartado que el pago de los tiquetes aéreos a Panamá fueran efectuados por el empresario Bolaños Rojas.
Expertos en Derecho Constitucional consultados por elmundo.cr han coincidido en que no existe correlación entre la acusación formulada a Gamboa y la sentencia y que de aprobarse su destitución el Estado costarricense se estaría exponiendo a severas condenas civiles en detrimento del patrimonio estatal.
“Es un lavado de manos por parte de la Corte” explica uno de los expertos consultados señalando que al ofrecer el puesto de Gamboa a la Asamblea, la Corte hace un intento de desviar la atención del caso denominado “cementazo” y la posible responsabilidad de otros actores que ya han sido señalados directamente, entre ellos el propio presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, encargado de redactar el voto en favor de los diputados Morales Zapata y Guevara Guth siendo conocida la relación de amistad entre él y Guevara Guth. Lo que pasa es que oponerse a la Corte Plena y a su jerarca trae consecuencias que incluso los propios expertos prefirieron evitar.
Al mismo tiempo, este medio ha consultado individualmente ha diputados y diputadas de diversas fracciones y todos coinciden que en efecto lo tenido como probado en la “Comisión del Cemento” como imputable a Gamboa no fue probado, no obstante, han señalado una fuerte presión mediática para tomar decisiones sin importar las consecuencias posteriores para el Estado costarricense; por lo que eventualmente se estarían oponiendo a que la votación sea pública para ejercer sin ningún tipo de presión el voto sobre este particular.
Esta postura ha sido respaldadá incluso por los diputados Ottón Solís, Óscar López, Jorge Rodríguez, Aracelly Segura y varios frenteamplistas que prefirieron no ser identificados por represalias partidarias.
Así las cosas, la Asamblea Legislativa enfrenta un debate entre la moralidad y la legalidad, al ser Gamboa el primer magistrado despedido por cometer una supuesta “infidelidad” marital en su cargo, único hecho probado por la Corte Suprema de Justicia.
Ernesto Flores, de la Fundación no Gubernamental Derechos para todos y todas señala que una injerencia estatal en la vida privada de un funcionario de esta magnitud y consecuencias retratan a Costa Rica como un país de doble moral.
De esta forma, cualquier decisión que tome la Asamblea Legislativa la próxima semana sin duda alguna traería polémica, sobre todo por la tendencia que sugiere que el magistrado debe ser absuelto y que su vida marital no debe ser discutida en el Congreso de la República.
