San José, 10 ago (elmundo.cr) – La Corte Plena emitió esta semana un criterio negativo sobre el proyecto de Ley que reformaría el régimen de pensiones del Poder Judicial, lo que se trae abajo el procedimiento rápido que había sido aprobado en el Congreso.
Fue el 30 de junio del 2016 que 39 diputados votaron a favor de aprobar un trámite especial a esa iniciativa, habilitado mediante el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
El procedimiento rápido establecido en este artículo permite disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos de Ley, al poner plazos para el conocimiento de mociones y reduciendo los tiempos que tiene cada congresista para hablar por el mismo.
Dicho artículo, sin embargo, establece que el procedimiento solo puede habilitarse para iniciativas que requieran para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros del Congreso presentes al momento de conocerse el asunto, descartando así, proyectos que requieran la mayoría calificada de 38 diputados.
El problema radica en que, según el artículo 167 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa solo puede apartarse del criterio negativo de la Corte Suprema de Justicia sobre un proyecto de Ley referido a su organización o funcionamiento, con 38 votos favorables en el Plenario.
Con el criterio negativo de la Corte, el procedimiento expedito aprobado el año anterior ya no podrá emplearse, pues de lo contrario los diputados incurrirán en un vicio de procedimiento legislativo, causal suficiente para que la Sala Constitucional sepulte el proyecto.
Pese a la existencia de esas normas, la diputada oficialista, Marcela Guerrero Campos afirma que aún es necesario ver los razonamientos que hizo la Corte en su criterio negativo antes de definir el futuro del procedimiento especial.
“Lo que tenemos es un comunicado de prensa y no un razonamiento”, dijo la legisladora al ser consultada por EL MUNDO esta tarde.
De acuerdo con Guerrero, “hay que ser serios y precisos, el proyecto entró con procedimiento rápido por decisión política” y recordó que, aunque inicialmente se estableció en el procedimiento que el plazo solo podía extenderse por una única vez, aprobaron hacerlo por una segunda. “No hay nada escrito en piedra”, agregó.
De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por la Corte, su criterio es que los funcionarios se pensionen con el 85% de la jubilación, tomando como referencia los últimos 120 salarios y no 240, como lo contempla el texto de los diputados.
Asimismo, apoyan que la edad de retiro de los funcionarios sea de 62 años para hombres y 60 años para mujeres, y no 65 años para ambos como está establecido en la iniciativa de los congresistas.
Según la corte, es necesario hacer distinciones en las edades, ya que se deben incluir las políticas de género, al ser estas derechos humanos progresivos.
“Mantener la edad de manera indistinta para hombre y mujeres no respeta la equidad de género”, afirmaron los Magistrados.
Por otro lado, la propuesta de la Corte y los gremios judiciales es que la jubilación anticipada se permita para personas con al menos 55 años de edad, fijándose el monto de la pensión respecto a los salarios de los últimos 10 años.
Asimismo, apoyan establecer un tope a las pensiones equivalente a diez veces el salario más bajo del Poder Judicial, “siempre que ya contemple las deducciones de Ley, sean estas el 11% del aporte al Fondo, el 5% del Seguro Social y entre el 10% y el 15% del impuesto de renta”.
Sin embargo, la Corte plantea que la contribución solidaria aplicada al exceso del tope de 4,03 millones sea de un 20% para todos, con posibilidades de extenderlo hasta un 50% previo estudio actuarial, y no como está plasmado actualmente en la propuesta, que consiste en un porcentaje escalonado que inicia en el 25% sobre el tope y hasta un 55%, sobre el exceso del tope.
Por otro lado, la Corte propone mantener las actuales condiciones a quienes estén a 24 meses para jubilarse una vez que rija la reforma, en lugar de los 18 establecidos por los diputados.
“El proyecto sí afecta la estructura, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y se estima necesarias estas observaciones”, concluye el informe de la Corte enviado al Congreso.
Los magistrados que integran la Sala Constitucional se abstuvieron de votar.
Para la diputada Marcela Guerrero, no es correcto que la Corte diga que el proyecto de los diputados no se apega a las recomendaciones del informe actuarial de la Universidad de Costa Rica.
“Hay que abrir el debate, el proyecto se apega al 100% en la medida en que fue negociación política, apegado a la solvencia actuarial del Poder Judicial, los números nos señalan la solvencia o no”, manifestó.
De acuerdo con Guerrero, los diputados tomaron recomendaciones tanto del tercer y cuarto escenario de la UCR. “Hay que ver argumentos de fondo, es muy engañoso y me parece riesgoso que a partir de generalidades la Corte esté dando declaraciones”, concluyó.
