San José, 27 jul (elmundo.cr) – Por catorce votos a favor y uno en contra, los magistrados que integran la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia acordaron autorizar al presidente de ese poder, el Magistrado Carlos Chinchilla, a solicitar una declaratoria de ilegalidad a la huelga que tiene paralizado el Poder Judicial desde el pasado 19 de julio.
Así lo anunció la mañana de este jueves el magistrado Chinchilla en conferencia de prensa, donde indicó que lo siguiente es presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la República, que funge como Abogado del Estado y cuyo máximo jerarca es el abogado Julio Jurado.
Según el jerarca del Poder Judicial, el caso se presentará a la 1:30 pm y deberá resolverlo un juez de trabajo a pesar de que existan jueces de esa área que están sumados a la huelga.
Chinchilla reiteró su llamado a que los gremios judiciales depongan el movimiento, al tiempo que pidió disculpas a las familias de los fallecidos que estuvieron retenidos en la Morgue Judicial hasta el pasado martes, luego de que en horas de la madrugada del lunes la Fuerza Pública tomara el lugar para garantizar la reanudación de autopsias y entrega de cuerpos.
De acuerdo con el Presidente de la Corte, servicios básicos esenciales del Poder Judicial se suspendieron a raíz de la huelga, hecho que está prohibido según la legislación costarricense. Aunque no pudo precisar las cifras de afectación durante la conferencia, Chinchilla dijo que sí las tienen y que serán entregadas como insumo para la solicitud de declaratoria de ilegalidad.
Si la huelga se declara ilegal, los trabajadores del Poder Judicial tendrán 24 horas para volver a sus puestos de trabajo, o se exponen a represalias que incluyen el despido sin responsabilidad patronal.
Ayer los diputados que integran la comisión especial que estudia las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial acordaron trabajar en el desarrollo de un nuevo texto, usando las recomendaciones emitidas por un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica.
Los gremios del Poder Judicial se mantienen en huelga pues exigen a los diputados usar su texto como la base para la redacción del proyecto de Ley y no uno suministrado por la Superintendencia de Pensiones (Supen). Los congresistas se mantuvieron firmes en su decisión y decidieron desechar los textos existentes, para redactar uno desde cero.
Aunque hubo una moción para integrar a esa negociación a los representantes del Poder Judicial, la misma no fue aprobada pues los diputados exigen que la huelga se deponga para integrarlos a la mesa.
En la votación en la Corte Plena, los siete magistrados que integran la Sala Constitucional se inhibieron de votar, en vista de que eventualmente el acuerdo podría ser impugnado en ese Tribunal.
