San José, 19 dic (elmundo.cr) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respondería en el año 2017 las dos consultas que planteó Costa Rica, sobre si su marco legal vigente tutela, en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de las personas sexualmente diversas.
Así se desprende de una consulta hecha al portal de la Corte IDH en la que se señala que, las consultas hechas por Costa Rica desde el pasado 18 de mayo, se encuentran en una etapa de recibimiento de opiniones, la cual se prorrogó hasta el 14 de febrero del año 2017.
Las opiniones sobre las consulta hechas por nuestro país deben ser presentadas por escrito e incluir el nombre de la institución o personas que lo suscriben, y datos que permitan la identificación de quien hace el envío.
La Corte también agregó que, si la opinión es presentada por una persona o por un grupo de personas, cada una de ellas deberá acompañar copia de su documento de identidad y si una organización es la que presenta el escrito, deberá estar firmado al menos por su representante legal y deberá remitir los documentos pertinentes que demuestren tal representación y la existencia legal de la organización.
“El escrito también deberá contener la dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax donde se tendrán por recibidas oficialmente todas las comunicaciones y notificaciones que el Tribunal envíe”, dice el portal de la Corte IDH.
El escrito con las opiniones sobre las consultas hechas por Costa Rica pueden enviarse al correo electrónico tramite@corteidh.or.cr o a la dirección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses de San Pedro.
Costa Rica consultó en mayo anterior si los derechos relacionados a orientación sexual e identidad de género están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y si de serlo, esclarecer si la normativa interna de Costa Rica se encuentra en concordancia con dicha Convención.
“Las dos consultas reafirman el compromiso del Gobierno con avanzar hacia un cumplimiento pleno de los derechos humanos”, dijo en esa ocasión Casa Presidencial.
La primera de las consultas se refiere a si el derecho de las personas a modificar su nombre, de acuerdo a su identidad sexual, se encuentra protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A hoy, en Costa Rica es necesario cumplir un procedimiento en la vía judicial, por lo que el Gobierno consultó si dicho procedimiento es el más adecuado o si es necesario un procedimiento más ágil y gratuito en la vía administrativa.
“El actual procedimiento es menos expedito y accesible”, dijo Presidencia.
Actualmente en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de Ley que precisamente pretende volver más fácil el cambio de nombre de acuerdo con la identidad de género de una persona.
Si la Corte IDH se pronuncia en el sentido de que en efecto, tal derecho está contemplado en la convención y que el procedimiento vigente en el país no es el más adecuado, el Poder Ejecutivo podría rescindir de esperar la aprobación de una Ley en el Congreso para hacer las modificaciones necesarias y acudir a vías diferentes para hacer esos cambios.
La segunda consulta hecha por Zapote se refiere a si los derechos patrimoniales, derivados de un vínculo entre personas de un mismo sexo, se encuentran protegidos por la Convención; además consultaron si es necesario que exista una figura jurídica que regule estas relaciones.
Las consultas fueron suscritas por Ana Helena Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la República; Marvin Carvajal Pérez, Director Jurídico de Casa Presidencial y Eugenia Gutiérrez Ruiz, Directora Jurídica a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
De igual forma, si la Corte IDH establece que los derechos patrimoniales de las uniones conformadas por personas del mismo sexo están protegidas por la convención, el trámite en la Asamblea Legislativa para reformar el marco legal vigente sería innecesario.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual Costa Rica suscribió, tiene jerarquía supraconstitucional, es decir, que está por encima de la Constitución Política costarricense y por tanto, el marco legal tico debe respetar lo contenido en dicha convención.
La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, señaló en esa ocasión que con esas consultas “el Gobierno de la República reafirma su compromiso de avanzar hacia el cumplimiento pleno de los derechos humanos en el país, y eliminar las conductas que sean consideradas como discriminatorias por razón de orientación sexual e identidad de género”.
