San José, 05 ago (elmundo.cr) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mediante resolución del 26 de junio 2023 y notificada el viernes resolvió archivar el expediente del Caso Moya Chacón y otro vs. Costa Rica, al considerar que el Estado costarricense dio cumplimiento total a todas las reparaciones dispuestas en la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 23 de mayo de 2022 y notificada el 6 de setiembre del mismo año.
Según informó la Cancillería “en lo que interesa, la Corte IDH estimó que, dentro del plazo de un año dispuesto en la citada sentencia, Costa Rica cumplió la reparación ordenada, relativa a dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil a las víctimas. Además, la Corte IDH destacó como un hecho positivo que, adicionalmente a las medidas ordenadas en el fallo, el Estado realizó la difusión de la sentencia y su resumen oficial a través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
“La Corte destaca positivamente los esfuerzos realizados por Costa Rica para dar cumplimiento íntegro a la totalidad de medidas de reparación ordenadas en la sentencia, dentro del año posterior a su notificación”, se señala en las consideraciones finales de la resolución.
“El archivo de este caso y las consideraciones que fueron emitidas por la Corte Interamericana, reflejan el histórico y absoluto compromiso del Estado costarricense en cumplir con sus obligaciones convencionales de buena fe, acatando incluso en menos tiempo del plazo dispuesto para ello, cada de una de las reparaciones que fueron ordenadas de forma integral, proactivamente y de conformidad con los principios en los que se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, destacó el canciller Arnoldo André.
Los hechos de este caso se remontan al año 2005, luego de que un funcionario policial interpusiera un proceso judicial contra los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, por una noticia publicada en el diario La Nación la cual, según estimó, afectó su derecho al honor.
En el año 2007 los jueces costarricenses absolvieron a los periodistas de toda responsabilidad penal, pero establecieron una sanción civil al determinar que la nota en mención había causado un daño moral al funcionario. Lo anterior, fue posteriormente ratificado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la presente fase de supervisión de sentencia los agentes representantes del Estado costarricense fueron Natalia Córdoba Ulate, jefa de la Asesoría Jurídica y José Carlos Jiménez Alpízar, coordinador del Área de Derecho Internacional y Derechos Humanos, también de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
