Corremos el riesgo de graves violaciones a la división de poderes, señala Villalta sobre reforma a empleo público

San José, 18 jun (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, señaló que “el Proyecto de Ley de Empleo Público abre portillos peligrosísimos para que el Poder Ejecutivo y el Gobierno de turno se metan en el régimen salarial del Poder Judicial y las U públicas. Corremos el riesgo de graves violaciones a la división de poderes y autonomía universitaria”.

De igual gorma para el legislador “la nefasta cláusula de objeción de conciencia que negoció el oficialismo con Nueva República contradice todas las promesas de campaña de defensa a los derechos humanos. Se abre un portillo para que funcionarios con poder abusen de ese poder”.

“Esa cláusula violenta montones de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Corremos el riesgo de retroceder décadas en la protección de los derechos de la población sexualmente diversa, mujeres, pueblos indígenas y otras poblaciones en vulnerabilidad”, enfatizó.

Asimismo, el parlamentario hizo hincapié en que “siguen existiendo muchísimas dudas sobre este proyecto que ni siquiera cumple los objetivos que alegan sus proponentes”.

“Es un proyecto de corte fiscalista, cuyo único enfoque es pagar menos salarios. No contempla la mejora de los servicios públicos para la ciudadanía o funcionamiento de las instituciones. De hecho hay artículos que auguran más burocracia”, aseveró.

Además, Villalta acotó que “ni siquiera se cumple realmente el objetivo de ahorro porque las estimaciones de Mideplan inflaron las cifras al incluir los efectos de la regla fiscal. A las y los diputados que apoyan el proyecto les mintieron”.

“Otro de los argumentos que han dado es la diferencia que existe entre el empleo público y el empleo privado, pero ni por asomo se discute sobre las violaciones a los derechos laborales en el sector privado. Tampoco se habla de las élites económicas que evaden impuestos”, agregó.

“No podemos legislar sobre una materia tan delicada pensando únicamente en recortismo. Una reforma integral al empleo público debe tener como prioridad ofrecer servicios públicos de la mejor calidad a la ciudadanía, contratando a las mejores personas funcionarias”, concluyó.

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