San José, 24 feb (elmundo.cr) – Este miércoles se aprobó en primer debate el proyecto 21.364, Reforma del Artículo 460 del Código de Comercio, Ley N. 3.284 del 30 de Abril de 1964 Ley de Digitalización del Cobro Judicial.
La iniciativa fue aprobada con 43 votos a favor y permitiría que las facturas digitales puedan utilizarse para procesos de cobro judicial que realicen personas físicas o jurídicas.
La diputada liberacionista María José Corrales indicó que “cuando el país dio el paso hacia la factura electrónica y el proceso que fue incorporando progresivamente a todos los sectores de la economía, hubo un cabo que quedó suelto. Este documento digital no está considerado como título ejecutivo para realizar un reclamo de cobro judicial ante los Tribunales de Justicia. Este es un fallo grave que definitivamente se debía corregir”.
Lo anterior generaba que la persona solo pudiese utilizar la factura física para realizar su reclamo.
Corrales enfatizó en que “esto va en detrimento de la digitalización de los procesos y del derecho del consumidor de acudir a las vías judiciales en defensa de su patrimonio, de una manera ágil y eficaz. Quitémosle trabas a las empresas y a las pymes y facilitemos sus gestiones. Costa Rica urge reactivar la economía”.
Para un empresa pequeña o mediana, este escollo representa tiempo y dinero, en momentos en que el país urge de soluciones que permitan reactivar la economía, principalmente con los efectos generados por la pandemia de la Covid-19.
El uso de la factura electrónica lo posibilitó la entrada en vigencia de la Ley Contra el Fraude Fiscal, el 15 de enero del 2018 y con el pasar de los meses, los comercios y servicios fueron incorporándose a este nuevo esquema, dejando atrás la emisión de facturas físicas.
Sin embargo, cuando el usuario planteaba reclamos ante los Tribunales, jueces civiles determinaban que, para poder realizar el trámite, el ciudadano debía contar con una factura donde estuviera estampada su firma de puño y letra; por lo tanto, la necesidad de corregir este problema, llevó al despacho de la diputada María José Corrales a plantear la reforma al Código de Comercio, labor en la que se contó con el apoyo de la fundación Costa Rica Emprende.
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 24 de abril del 2019 y fue dictaminado de manera unánime afirmativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 29 de octubre de ese mismo año.
